Unión Patriótica: 41 años de legado por la defensa de la democracia, la justicia social y la paz en Colombia

Este 28 de mayo se cumplen 41 años de la fundación de la Unión Patriótica (UP), un movimiento político que nació en 1985 en medio de los diálogos de paz entre las Farc-EP y el Gobierno nacional, y que se convirtió en uno de los capítulos más dolorosos de la historia política de nuestro país.

La Unión Patriótica surgió gracias a la apertura democrática y la participación política legal en un país atravesado por varios años de conflicto armado.

La propuesta de la UP buscaba integrar a campesinos, sindicalistas, estudiantes, líderes sociales, militantes de izquierda y sectores políticos disidentes con el propósito de impulsar transformaciones sociales y avanzar hacia la paz.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la esperanza que representaba este proyecto político fue truncada por una campaña sistemática de exterminio que se extendió entre 1984 y 2002.

Durante ese periodo, miles de integrantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos y atentados.

Según la Corporación Reiniciar, más de 6200 personas fueron víctimas de esta persecución, entre ellas candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes, diputados, concejales, líderes sindicales, estudiantes y campesinos.

El informe “Todo pasó frente a nuestros ojos: El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, del CNMH, señala que esta violencia destruyó proyectos políticos, sueños colectivos y liderazgos sociales, además de imponer una estigmatización persistente sobre quienes integraban el movimiento.

En el 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado por el exterminio sistemático de la Unión Patriótica. Según el fallo de la corte regional, el crimen contra la UP se trató de un "genocidio político".

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Transformación social y búsqueda de la paz: apuesta política de la Unión Patriótica

La creación de la Unión Patriótica estuvo ligada a los acuerdos de paz firmados en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc-EP en La Uribe, Meta.  

Uno de los puntos del acuerdo contemplaba la posibilidad de que la insurgencia pudiera organizarse política, económica y socialmente, para que tuviera participación en escenarios democráticos y electorales.

En ese contexto nació la UP como un movimiento político que buscaba impulsar transformaciones sociales, económicas y políticas orientadas hacia la construcción de una paz con justicia social.

Además de integrantes del Partido Comunista Colombiano y de las Farc-EP, el movimiento reunió a sectores liberales y conservadores disidentes, así como a figuras políticas regionales y líderes sociales con respaldo popular.

La plataforma ideológica de la Unión Patriótica defendía cambios políticos, sociales, culturales y económicos, así como una salida negociada al conflicto armado.  

Su propuesta logró conectar con ciudadanos que encontraron en el movimiento una representación política de sus luchas y necesidades tanto en el campo como en las ciudades.

En las elecciones de 1986, la Unión Patriótica alcanzó cerca de 300 mil votos y obtuvo representación en diferentes corporaciones públicas, con 19 diputados, 286 concejales y 14 congresistas.

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Principales líderes asesinados durante el genocidio de la UP

Uno de los crímenes más recordados fue el asesinato de Jaime Pardo Leal, abogado, magistrado y candidato presidencial de la Unión Patriótica en 1986.

Pardo Leal denunció la violencia sistemática contra los militantes de la UP y los vínculos entre grupos paramilitares y sectores estatales. Fue asesinado el 11 de octubre de 1987 en La Mesa, Cundinamarca.

Tras su muerte, Bernardo Jaramillo Ossa asumió la presidencia nacional del movimiento y se convirtió en candidato presidencial. Desde su liderazgo impulsó una visión más amplia y civilista de la izquierda democrática. Sin embargo, fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

La persecución también alcanzó a otros dirigentes de la Unión Patriótica, como José Antequera, miembro de la dirección nacional de la UP, asesinado el 3 de marzo de 1989 en Bogotá; y Teófilo Forero, dirigente sindical y líder agrario, asesinado junto a su esposa el 27 de febrero de ese mismo año en Florencia, Caquetá.

Entre las primeras víctimas del exterminio estuvieron Pedro Nel Jiménez Obando, senador de la UP asesinado el 1 de septiembre de 1986, y Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara por Santander, asesinado el 30 de agosto de ese mismo año en Barrancabermeja, en medio del avance del paramilitarismo en la región.

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Defensa de la paz y los derechos sociales: el legado de Manuel Cepeda Vargas

Otro de los nombres emblemáticos de la Unión Patriótica fue Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda Castro.

Manuel Cepeda fue periodista, poeta, abogado y dirigente político del Partido Comunista Colombiano y de la UP, quien llegó a ser senador de la República.

Según la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", José Manuel Cepeda Vargas dedicó su vida a la defensa de la paz, la democracia y los derechos sociales.

Según documenta Casa Macondo, meses antes de su asesinato, Cepeda Vargas denunció en el Congreso de la República la existencia de planes de exterminio contra integrantes de la Unión Patriótica y señaló la participación de sectores militares en esas operaciones.

Durante un debate parlamentario realizado en 1993, Cepeda Vargas afirmó que en escuelas militares circulaban manuales que catalogaban a las organizaciones de izquierda como “enemigos” que debían ser perseguidos y eliminados.

En esa intervención Manuel Cepeda también mencionó operaciones como “Cóndor”, “Baile Rojo”, “Esmeralda” y “Retorno”, además de advertir sobre el denominado plan “Golpe de gracia”, en el que, según denunció, él mismo había sido señalado como objetivo militar.

Manuel Cepeda Vargas fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá cuando se dirigía al Congreso para participar en un debate sobre la adhesión de Colombia al Protocolo de Ginebra y la protección de la población civil en el marco del conflicto armado.

Años después, investigaciones judiciales y documentos de organismos internacionales concluyeron que su asesinato fue resultado de una actuación coordinada entre militares y estructuras paramilitares.

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la participación de agentes estatales en el crimen y por la connivencia con grupos paramilitares.

A 41 años de la fundación de la Unión Patriótica, organizaciones de derechos humanos, centros de memoria y familiares de las víctimas continúan reclamando verdad, justicia y garantías de no repetición frente a uno de los episodios más graves de violencia política en Colombia.

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