Supersalud anuncia auditoría forense y nuevas medidas frente a crisis de la Nueva EPS

La crisis financiera y administrativa de la Nueva EPS volvió a ocupar la agenda pública tras la alerta emitida por la Contraloría General de la República. El organismo de control reveló deudas multimillonarias, pasivos no registrados y facturación represada que comprometen la sostenibilidad de la aseguradora más grande del país.

Ante esta situación, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó que la estabilización de la entidad será un proceso complejo. Como parte de las medidas adoptadas, anunció el inicio de una auditoría forense internacional, la organización de los giros hacia la red pública y privada, y una revisión detallada de las cuentas médicas para garantizar trazabilidad en el uso de los recursos.

Estas decisiones se suman a la intervención administrativa que la Supersalud prorrogó en abril, en respuesta a la falta de estados financieros certificados de 2023 y 2024. El proceso busca esclarecer las inconsistencias y depurar las cuentas de una EPS que concentra la atención de más de una quinta parte de la población afiliada al sistema.

Hallazgos de la Contraloría: deudas, anticipos y facturación represada

La Contraloría adelantó en julio un operativo de policía judicial en la sede de la Nueva EPS, que permitió recaudar más de 4.500 archivos con información financiera y administrativa. El análisis preliminar reveló un incremento sustancial en los anticipos pendientes por legalizar: de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, hasta llegar a $15,2 billones con corte a junio de 2025.

A esto se suma un represamiento de 22,7 millones de facturas, cuyo valor asciende a $22,1 billones. La verificación mostró que más de nueve millones de esos registros eran repetidos, lo que equivale a $8,9 billones. En total, la deuda real por facturación pendiente supera los $13 billones, de los cuales el 97 % corresponde a 2024 y al primer semestre de 2025.

Deficiencias contractuales y reservas técnicas insuficientes

El informe también señala que la EPS no presentó todos los documentos que acreditan la validez de los contratos suscritos con prestadores de servicios de salud, lo que contraviene la normativa vigente. Esta falencia genera incertidumbre sobre la legalidad de varios acuerdos y dificulta la trazabilidad de los pagos.

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En cuanto a las reservas técnicas, la Contraloría identificó una subestimación de $11,1 billones al cierre de 2024. Esta diferencia refleja que la entidad no constituyó en su totalidad los recursos necesarios para respaldar sus obligaciones, una omisión que agrava el déficit de liquidez y amenaza la continuidad de los servicios de salud.

Relevo en la intervención: llegada de Gloria Libia Polanía

En medio de este panorama, la Superintendencia designó el 19 de agosto de 2025 a Gloria Libia Polanía Aguillón como nueva agente interventora de la Nueva EPS, en reemplazo de Bernardo Camacho. Polanía cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector salud y ya había ejercido como interventora de Coosalud.

La Supersalud explicó que su nombramiento busca fortalecer la intervención y dar continuidad a los planes de reorganización. Entre sus prioridades estarán la depuración de cuentas, la regularización de los giros y la implementación de la auditoría forense internacional.

Un reto de largo plazo

El diagnóstico de la Contraloría y las decisiones recientes de la Supersalud confirman que la crisis de la Nueva EPS es estructural y que su resolución no será inmediata. La magnitud de las deudas y las inconsistencias contables obligan a un trabajo sostenido que combine auditorías técnicas, control fiscal y reorganización administrativa.

El desenlace de este proceso será determinante no solo para los más de diez millones de afiliados de la entidad, sino también para la estabilidad del sistema de salud colombiano en su conjunto.

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