Organizaciones sociales denuncian retroceso en política de drogas en Bogotá

Por cuarta vez consecutiva, el Concejo de Bogotá aplazó el debate de control político sobre la situación y la Política de Sustancias Psicoactivas (SPA) en la capital, lo que ha generado fuertes críticas de organizaciones sociales que acusan a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán de abandonar el liderazgo de la ciudad en esta materia.

Según la Corporación Acción Técnica Social, Bogotá ha dado "un giro drástico hacia el prohibicionismo y el castigo", alejándose de su reconocimiento como referente latinoamericano en políticas innovadoras de drogas para adoptar medidas punitivas que ya han demostrado su ineficacia.

Criminalización que afecta a los más vulnerables

Las cifras presentadas por la organización junto a Échele Cabeza revelan la dimensión del problema: entre 2024 y mayo de 2025 se han impuesto 44.505 comparendos por consumo de sustancias psicoactivas, concentrados principalmente en localidades de estratos 1 y 2 como Bosa, Tunjuelito, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba, que acumulan el 58% de estas sanciones.

"El 96% de estos comparendos son por cantidades menores a la dosis personal, y menos del 15% se pagan", denuncian las organizaciones, señalando que esto deja a miles de jóvenes "bloqueados para estudiar, trabajar, acceder a becas, créditos y oportunidades, dejándolos en la informalidad y a merced de la cooptación por el delito".

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Promesas incumplidas

La administración Galán llegó al poder prometiendo asumir el consumo como un asunto de salud pública y ampliar las estrategias de reducción de daños. Sin embargo, las organizaciones sociales señalan que, en su lugar, "ha ahogado las dinámicas de participación, ha impuesto una visión retrógrada en la opinión pública y ha debilitado la articulación interinstitucional".

La Corporación Acción Técnica Social identificó ocho acciones que evidencian la deriva prohibicionista de la actual administración: desconexión con la evidencia científica, criminalización del consumo, enfoque patologizante desde la Secretaría de Salud, restricciones a la vida nocturna, incumplimiento de la sentencia C-127/23, abandono de la comunidad cannábica, convenio desigual con la UNODC y desinterés por la innovación.

"Estrategia del avestruz"

Las organizaciones critican que aplazar el debate cuando "el problema crece en todos los rincones de la ciudad" equivale a aplicar "la estrategia del avestruz: esconder la cabeza bajo la tierra", advirtiendo que esto solo agravará la situación y reducirá las posibilidades de transformación.

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El informe también destaca una paradoja preocupante: mientras el mayor consumo se identifica en estratos 4, 5 y 6, "la tasa de abuso y consumo problemático de SPA ilícitas es mayor en los estratos 1 y 2", precisamente donde se concentran la mayoría de comparendos y sanciones.

Las organizaciones sociales insisten en la necesidad urgente de retomar el enfoque de salud pública y reducción de daños que posicionó a Bogotá como líder regional en políticas progresistas de drogas.

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