Con el aumento decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el ingreso mensual de los trabajadores remunerados con salario mínimo será de 2 millones de pesos incluyendo el subsidio de transporte. Es el incremento más alto en los últimos 25 años.
30 de Diciembre 2025, 7:38 AM
La inclusión del concepto de Salario Mínimo Vital, en las discusiones previas a la decisión del aumento del salario mínimo para 2026, ha significado un importante cambio en los criterios para definir la remuneración que van a recibir más de 2,4 millones de trabajadores el próximo año.
Tal decisión considera la cantidad de dinero necesaria para comprar una canasta familiar, compuesta de los bienes básicos con los que debe contar una familia, para tener dignidad y bienestar.
Cumplir con el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores
Las remuneraciones de los trabajadores han sido uno de los factores más sacrificados en las políticas de liberalización económica. Se supuso que las medidas servirían para fortalecer la economía, aunque esto significara el debilitamiento de los ingresos de la mayoría de las personas, quienes dependen del trabajo.
En la práctica, el sacrificio económico de los trabajadores no se reflejó en crecimiento económico. Por el contrario, cuanto más se limitaban los recursos y derechos laborales, se profundizaba la desigualdad, y con ello, se afectaba el desarrollo de los países.
Los trabajadores y sus organizaciones han jugado roles claves en la elección y gobierno del presidente Petro, quien, a su vez, ha mostrado un compromiso con la recuperación de los derechos laborales que se habían ido perdiendo, lo que incluye la gestión de la reciente reforma laboral, que comprende, entre otras medidas, continuar con el reconocimiento de horas extras (un 25% adicional a la hora de trabajo en jornada ordinaria) y recargos nocturnos desde las 7 pm (del 35%). El recargo por trabajo en domingos y festivos, pasó del 75% al 80% y aumentará gradualmente hasta el 100% en julio de 2027.
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Pero, el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores depende esencialmente del aumento del salario mínimo, el cual es referente para la definición de las remuneraciones de las personas que devengan otros niveles de remuneración, ya que estas se establecen según la diferencia con respecto a este.
Por tanto, el aumento para los demás trabajadores puede ser equivalente o proporcional al incremento del salario mínimo, según las condiciones laborales previamente pactadas con los empleadores. Es por esto que, el porcentaje del 23.5% ha sido bien recibido por la mayoría de los asalariados del país, y no solo por quienes reciben el valor mínimo estipulado.
Si bien este importante nivel de aumento ha sido objeto de diversas opiniones a favor y en contra, es necesario mencionar que altos porcentajes se han sostenido a lo largo del mandato del presidente Gustavo Petro. Durante la primera negociación que le correspondió, mediante la cual se logró acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno, se estableció un aumento del 16%, como se observa en la tabla. Este valor es seis puntos mayor que el del año inmediatamente anterior.
Con excepción de 2025, en los aumentos definidos durante el gobierno Petro, siempre se han manejado valores de dos cifras, además de que el correspondiente a 2025 estuvo muy cerca al 10%. Esto representa un incremento total del salario mínimo del 75,8% para el cuatrienio, y del 80% al incluir el subsidio de transporte, que quedó en $249.100.
Estas son las cifras históricamente más altas, desde el mandato de Ernesto Samper, hace treinta años. De hecho, aumentos de dos cifras no se registraron en el país, desde el segundo año del gobierno de Andrés Pastrana y del último año de la administración Duque (en ambos casos, fue del 10%).
Se trata de una iniciativa que rompe con la tradición instaurada en los noventa, desde cuando se sostiene que el salario de los trabajadores es una carga para el sistema productivo y un costo para la economía, al tener posibles efectos sobre la variable objetivo de la estabilidad, que es la inflación.
Pese a esta formulación generalmente aceptada, los datos recientes de la economía colombiana presentan evidencias diferentes.
El aumento del salario mínimo en Colombia no ha disparado ni la inflación, ni la informalidad
En los años recientes, cuando se han presentado incrementos del salario mínimo por encima de las acostumbradas cifras, la inflación se ha mantenido en niveles estables de un dígito, como se puede verificar en las cifras consolidadas anuales del siguiente gráfico:
En cuanto a la informalidad, que es un problema estructural del país, esta se ha venido reduciendo desde el 61% a principios de 2021, hasta el 55% (octubre de 2025), como se puede observar en la siguiente gráfica (Los datos son resultados presentados por el DANE como promedios trimestrales).
Los niveles más bajos de informalidad se registran desde el año 2023, cuando ya estaban en vigor las medidas de aumento del salario mínimo establecidas en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El caso colombiano muestra que los hechos económicos no pueden analizarse con generalizaciones, ni a la ligera. Aunque las ideas monetaristas sobre el control de la inflación mediante límites al dinero en poder del público se difundieron masivamente, también existen cuestionamientos, incluso por parte de economistas que han recibido el premio nobel.
Uno de los más conocidos aportes al respecto es el de Joseph Stiglitz (premio nobel de economía en 2001) quien formuló análisis sobre la necesidad de la intervención del Estado para corregir la desigualdad de las economías, pues este problema es un obstáculo para el desarrollo.
En medio de la dominancia de las medidas neoliberales, Stiglitz fue uno de los primeros autores en defender la tesis sobre la capacidad redistributiva de los salarios.
Por su parte, David Card (quien recibió el nobel de economía en 2021, junto con Joshua Angrist y Guido Imbens) ha dedicado sus estudios al mercado laboral, concluyendo que los impactos sobre el aumento de los salarios sobre el nivel de empleo son relativos, y que los bajos ingresos de los trabajadores sólo han sido útiles para que se mantengan altos índices de pobreza.
Ambos profesores comparten la postura de un número creciente de economistas, en contra de la idea influyente de que los salarios deben mantenerse bajos por el bien de los trabajadores para que no tengan que comprar cosas caras. La experiencia de varios países también es opuesta a esta argumentación.
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Por el contrario, se observa que el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores, no es solo un tema de justicia, sino también una inversión productiva, que permite que el dinero cumpla su función en la sociedad, permitiendo más transacciones y adquirir más bienes y servicios, que faciliten superar la pobreza y dinamizar las actividades económicas, pues restringiendo el dinero (o concentrándolo), la economía misma está limitada.
Teniendo en cuenta las contribuciones de autores de esta corriente, se presentan algunas conclusiones para la reflexión sobre el cambio de rumbo de las recientes políticas laborales, que hacen parte de las bases de las agendas progresistas en el mundo:
La inflación es un fenómeno multicausal, de forma que no se debe satanizar el salario como el único responsable de lo que suceda con la inflación. Lo mismo que tampoco se debe generalizar que el gasto público es ineficiente, injustificado y además, inflacionario.
Los empresarios son también consumidores, su dinero no es solo para inversión. De esta forma se entiende que sus rentas demasiado elevadas también inciden en los precios, ya que estos están interrelacionados en el sistema de precios de la economía.
En las economías abiertas y libres no es posible el control de precios. Las fluctuaciones normales de los precios generan inflación.
Una economía saludable se caracteriza por tener una demanda dinámica de bienes y servicios, no por el estancamiento.
El desarrollo económico presupone la equidad.
La inflación debe analizarse junto con otras variables relacionadas con el desarrollo, no como un único resultado.
Aceptar cualquier nivel de salario bajo y condiciones laborales desfavorables como un sacrificio necesario preferible a no tener ningún empleo está en contravía del concepto de trabajo digno (y de trabajo decente) que corresponde a cualquier sociedad civilizada. Ningún trabajador debería estar obligado a ello.
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