La agencia de la ONU alertó sobre la paralización de su respuesta humanitaria tras bombardeos y allanamientos a su sede en Deir al Balah, donde el ejército israelí intensifica su ofensiva.

El mandatario rechazó los señalamientos y advertencias del apoderado de Keralty, dueño de la EPS Sanitas, quien insinuó que si la justicia ordena una rectificación y el presidente no la cumple, “verán qué camino toman”.

El viceministro Jaramillo Jassir citó un informe de Francesca Albanese que denuncia cómo multinacionales participan en la economía del genocidio y en esquemas de economía de guerra.

En un pronunciamiento, el Gobierno condenó el uso político y militar de la asistencia humanitaria en Gaza y pidió una operación internacional neutral para garantizar alimentos, agua y medicamentos sin vigilancia militar.

Hamás anuncia disposición a liberar rehenes, Israel insiste en condiciones de seguridad y los mediadores presionan por un cese al fuego de 60 días. El genocidio no se detiene en Palestina.