Gobierno autorizó erradicación focalizada de cultivos ilícitos con drones, bajo aval técnico y supervisión ambiental

El Ministerio de Justicia informó que se habilitó la aspersión terrestre doselar con drones para erradicar cultivos ilícitos en zonas donde otras modalidades no son viables. La ANLA precisó que la autorización ambiental para aspersión terrestre con glifosato está vigente y que el inicio depende de un aval técnico del comité interinstitucional.

El Gobierno nacional autorizó la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre doselar con drones, una modalidad que busca enfrentar economías ilegales reduciendo riesgos para la vida, la salud de las comunidades y el ambiente, y bajo cumplimiento de exigencias técnicas y ambientales.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la medida no corresponde a aspersión aérea ni a una aplicación “masiva o discrecional”: se trata de una operación a baja altura, con control visual directo y tecnología especializada, que se aplicará únicamente en lugares donde otras formas de erradicación no resulten viables.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por su parte, informó que la aspersión terrestre con glifosato ya fue autorizada desde 2016, incluida la técnica EATBAND con drones, y que no se requiere un nuevo instrumento ambiental; sin embargo, aclaró que el inicio de la modalidad con drones está condicionado a verificaciones técnicas y a la ruta definida en el marco del programa.

Cómo operará la aspersión terrestre con drones

El Ministerio de Justicia explicó que la erradicación se realizará con drones EATBAND que operarán aproximadamente a 1,5 metros sobre el dosel, con el propósito de reducir de manera significativa la dispersión del herbicida frente a la aspersión aérea tradicional.

En la presentación de la medida, el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, sostuvo que el foco principal serán territorios donde comunidades campesinas enfrentan intimidaciones de grupos armados ilegales para sostener la siembra de hoja de coca. “En los lugares en donde los grupos armados ilegales obligan a los campesinos a sembrar hoja de coca, allí es donde se realizará. Con esta herramienta, se logrará brindarle mayores condiciones de seguridad a los miembros de la fuerza pública”, afirmó.

Idárraga añadió que los drones operarían podrían cubrir hasta una hectárea en un tiempo reducido y con máxima eficacia. “Lo que se va a visibilizar en el proceso son los drones a una altura máxima de 1.5 metros sobre la planta, pudiendo en 30 minutos, cubrir hasta una hectárea de hoja de coca. Permitiendo que el químico llegue al lugar donde se necesita la aspersión, protegiendo la vida de los policías, de quienes habitan al rededor y el agua”, recalcó.

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Controles ambientales: qué dijo la ANLA y qué condiciones rigen

En su comunicación oficial del 22 de diciembre, la ANLA recordó que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) contó con Plan de Manejo Ambiental mediante la Resolución 1065 de 2001, y que la aspersión aérea fue suspendida por Resolución 1214 de 2015.

Luego, mediante la Resolución 1524 de 2016, la autoridad ambiental autorizó la aspersión terrestre con glifosato con distintas técnicas, incluyendo EATBAND (drones). La ANLA precisó que una vez la Policía Nacional presente el estudio de calibración y deriva emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, verificará su cumplimiento para el inicio de las intervenciones bajo la modalidad EATBAND.

La entidad también informó que, vía seguimiento, actualizó obligaciones del programa en 2025: por ejemplo, incorporó como áreas de exclusión zonas de producción de alimentos del sector agrícola (APPA), ajustó límites máximos permisibles en agua para residuos de glifosato y su metabolito (AMPA), actualizó planes de contingencia e incorporó fichas relacionadas con gestión social.

Una herramienta “complementaria” dentro de la política antidrogas

El Ministerio de Justicia presentó la decisión como focalizada y complementaria, es decir, como una herramienta que no reemplaza la erradicación manual ni la sustitución voluntaria, sino que busca operar en escenarios donde las condiciones de seguridad o de acceso limitan otras modalidades.

En esa línea, el Gobierno insistió en que la implementación estará atada a criterios técnicos verificables, controles operativos permanentes y supervisión ambiental, con el objetivo de intervenir áreas específicas sin ampliar el impacto sobre fuentes hídricas, suelos y biodiversidad.

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