Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas ha sobreestimado la productividad del cultivo de coca hasta un 901 %

Un estudio publicado por la ONG Plano Negativo —con participación de científicos espaciales de la Universidad del Tolima y de la Universidad de Oregon— concluye que el sistema SIMCI de Naciones Unidas habría sobreestimado durante años la extensión de cultivos de hoja de coca en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta (1999–2019). La investigación sostiene que las mayores distorsiones se concentran en los primeros años del Plan Colombia, cuando la fumigación aérea se convirtió en política de Estado.

El documento basa su comparación en un método alternativo de detección satelital apoyado en aprendizaje profundo y lo enfrenta a los censos anuales del SIMCI. Como ejemplo, expone el caso de Putumayo: para el año 2000, el SIMCI reportó 66.022 hectáreas y el modelo del estudio estimó 6.595; luego cruza esa serie con los reportes de la Policía Antinarcóticos, que registraron 71.891 hectáreas fumigadas en 2002 en ese mismo departamento. Las distorsiones varían entre el 93 % y el 901 %.

La investigación agrega un bloque de archivo para discutir trazabilidad: solicitudes FOIA en Estados Unidos y documentos asociados a DynCorp, con los que reconstruye que el conflicto por “cómo medir” y “cómo verificar” la erradicación viene desde los años noventa. Con esa base, el estudio cuestiona que la política antidrogas haya descansado en series difíciles de auditar externamente, y pide que los métodos y sus márgenes de error sean verificables y comparables.

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Guaviare: erradicación, ganadería y deforestación en el mapa

La Parte I de “Los datos de la coca” se detiene en Guaviare para responder una pregunta: qué huella deja la erradicación (en especial la fumigación) sobre la forma en que se ocupa la tierra. En la lectura de los investigadores, reducir la deforestación a una consecuencia directa de la coca simplifica la historia del territorio y borra un fenómeno que, según sus mapas, pesa más en la transformación del bosque: la expansión ganadera.

Para sostener ese argumento, el estudio no trabaja solo con “área de coca”. Construye una serie larga de cambios de cobertura del suelo —bosque, coca y ganadería— entre 1985 y 2024, y la cruza con los “centroides de fumigación” reportados por el Ministerio de Defensa, que funcionan como puntos de referencia para observar lo que ocurre alrededor de las zonas intervenidas. El objetivo es rastrear en el tiempo qué cobertura aparece, desaparece o se desplaza en el entorno donde hubo campañas de erradicación.

Con esa metodología, se presenta un mapa de 2000 a 2024 que superpone tres capas —coca, ganadería y deforestación— y las contrasta con los puntos de fumigación. A partir de esa lectura espacial, el estudio sostiene que en Guaviare la ganadería opera como el motor dominante de deforestación y que los ciclos de erradicación ayudan a explicar el reordenamiento del territorio: no solo dónde hubo coca, sino qué ocupó el suelo cuando la coca fue atacada o desplazada.

SIMCI y la exagerada elevación de cifras en Putumayo

La Parte II afirma que el método de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito -UNODC- para detectar coca sobreestimó gravemente el cultivo en la Amazonía colombiana desde los primeros años del Plan Colombia. El estudio compara datos y propone que, aun cuando la detección técnica haya mejorado con el tiempo, los detalles metodológicos continúan “escasamente documentados” y la evaluación de políticas antinarcóticos queda comprometida si no existe una imagen precisa del impacto sobre el cultivo.

En Putumayo, el proyecto ofrece el contraste más contundente. El SIMCI reportó 66.022 hectáreas cultivadas en 2000 (censo publicado en 2001), mientras su método estima 6.595. Y añade el dato operacional: la Policía Antinarcóticos (DIRAN) informó haber fumigado 71.891 hectáreas en 2002.

El estudio incorpora el rezago de publicación del SIMCI para explicar el choque: al publicarse el censo a mitad del año siguiente, la Policía habría usado datos del 2000 a comienzos de 2002. Aun así, cuando SIMCI reportó el censo de 2002 (publicado en 2003), registró 13.726 hectáreas en Putumayo; el método del estudio detectó 8.538 ese mismo año. La discrepancia con la fumigación reportada se mantiene en el orden de magnitud y los investigadores se plantean un cuestionamiento: “Con discrepancias tan extremas, surge la pregunta: ¿qué estaba fumigando realmente la Policía ese año?”. Al comparar fumigación con cultivos estimados, aparece “otra dimensión” de las consecuencias de la sobreestimación, y cuestiona que se haya podido evaluar la política antidrogas sin información replicable y verificable.

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Larandia y DynCorp: la disputa por verificar viene desde los años noventa

Plano Negativo introduce un bloque de archivo que esclarece que la discusión sobre medición no es reciente: también es una discusión sobre verificación. El proyecto sostiene que la fumigación —la operación que debía quedar respaldada por registros precisos— no cuenta con un archivo público completo que permita auditar con claridad dónde, cuándo y bajo qué evidencia se ejecutó.

En esa línea, el estudio explica que en 2018 solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos, vía FOIA, los registros detallados de fumigación aérea entre 1994 y 2015 (rutas, fotografías, videos y datos con fecha y coordenadas GPS). Según el documento, la respuesta recibida no entregó un conjunto amplio de misiones: lo que aparece documentado es lo que, en palabras del propio estudio, “parece ser un único evento”, un experimento en la base militar de Larandia (Caquetá), descrita como centro de operaciones para la fumigación en el sur del país. A partir de ello, el proyecto plantea que sin ese archivo operativo completo la comparación entre hectáreas cultivadas y hectáreas erradicadas queda expuesta a vacíos de trazabilidad.

El segundo soporte de este bloque son los llamados “Papeles de DynCorp”. Con esos documentos, Plano Negativo afirma que desde 1995 existía un desacuerdo formal entre Estados Unidos y Colombia sobre cómo cuantificar coca y cómo verificar los resultados de la erradicación: mientras EE. UU. estimaba con imágenes aéreas y satelitales de alta resolución, el gobierno colombiano restaba hectáreas rociadas para calcular el cultivo anual. De esa controversia, dice el documento, surgió un “Protocolo de Verificación” en 1996 y, en 1997, una solicitud colombiana de evaluación independiente. Para los autores, ese antecedente muestra que el conflicto por el dato viene desde el origen de la política.

Además, se evidencia un dato técnico de su propio análisis espacial: al revisar 3.012 puntos asociados a fumigación, en la mayoría pudo detectar la primera ocurrencia de coca entre 2000 y 2015, y en 974 puntos no detectó coca. Tal como lo plantea el estudio, esa cifra refuerza su tesis: sin trazabilidad pública completa de las operaciones, la medición y la verificación terminan dependiendo de registros fragmentarios.

Presidente Petro: "Es indudable que hay protuberantes errores de la medición de los cultivos de hoja de coca"

En una publicación de este domingo, el presidente Petro volvió a concentrarse en el indicador de “producción potencial de cocaína”, al que considera problemático si no distingue productividades por región. El mandatario sostiene que la extrapolación de rendimientos sobredimensiona el indicador y termina funcionando como soporte para la erradicación forzada y el uso de glifosato, además de alimentar disputas internacionales sobre la política antidrogas. (En su mensaje también menciona reclamaciones ante el secretario general de la ONU y cuestionamientos sobre reportes de erradicación en 2021.)

El estudio de Plano Negativo fija un estándar concreto para el sistema de monitoreo: someter los métodos a escrutinio científico, abrir datos para auditoría y documentar con precisión cómo se construyen las series. La investigación lo expresa con un llamado explícito a transparencia y revisión científica, dado el peso geopolítico y operativo que tienen esas cifras.

Es indudable que hay protuberantes errores de la medición de los cultivos de hoja de coca hechas, con agenciamiento multilateral, en Colombia, y sobretodo en el concepto de "producción potencial de cocaína" indicador que solo debiera presentarse, si se diferenciaran todas las… pic.twitter.com/kHhPvk6Xqm

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2026

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Qué deja la investigación sobre la mesa

“Los datos de la coca” discute la confiabilidad de un sistema que, durante décadas, ha operado como referencia para decisiones operacionales, presupuestos y evaluación de resultados. Al cruzar series de cultivos con series de fumigación y al documentar vacíos de archivo, el estudio pone una exigencia verificable: sin metodología replicable, sin insumos disponibles y sin márgenes de error explicitados, el debate público termina girando alrededor de números que no se pueden auditar.

Si la medición de área cultivada y los indicadores derivados (como productividad o producción potencial) están inflados o mal documentados, cambian las bases sobre las que se justificaron intensificaciones de erradicación, uso de químicos y operaciones en territorios rurales. La carga de la contaminación con Glifosato la llevaron miles de familias campesinas y ecosistemas protegidos.

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