El gobierno adquirió compromisos sociales y educativos para restablecer derechos básicos y reforzar la presencia institucional en una región históricamente golpeada por el conflicto armado.
Uno de los principales retrocesos en materia de derechos laborales fue la Ley 789 de 2002, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe, que flexibilizó la jornada laboral y redujo beneficios para los trabajadores, sin mejorar sus condiciones.
La Corte Constitucional decidirá este martes si anula el decreto de conmoción interior al considerar que situación en el Catatumbo respondería a causas "estructurales".