La histórica decisión responde a una larga batalla judicial liderada por periodistas que buscan destapar la magnitud de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en el país.

Uno de los dos hechos por los que es investigado el actual jefe de la cartera laboral estaría fuera del alcance de la acción penal, según la Fiscalía y la Procuraduría.

La decisión se tomó luego de que el Senado de la República rechazara la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La ponencia de la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, cuenta con el apoyo del Gobierno y de las centrales obreras.