Gobierno adopta nuevas medidas contra la minería ilegal con enfoque en protección de comunidades

El Gobierno nacional anunció la implementación de nuevas disposiciones para enfrentar la explotación ilegal de recursos minerales en el país, con un enfoque que busca equilibrar la lucha contra esta actividad con el respeto a los derechos de las comunidades locales.
Las medidas fueron adoptadas en respuesta a las solicitudes de la población del Chocó y otras regiones afectadas, donde la minería ilegal se ha consolidado como una amenaza para la seguridad, el orden público y los ecosistemas.
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Nuevas disposiciones
Entre las principales acciones implementadas se encuentran la Circular 06 de 2025, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, y la Resolución 40141 de 2025, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Estas normativas buscan combatir la explotación ilegal sin perjudicar a los pequeños mineros que adelantan procesos de formalización.
Contra la explotación ilegal de recursos, avanzamos con responsabilidad. Esta sigue siendo una amenaza para la seguridad, el orden público y nuestros ecosistemas, pero enfrentarla no puede significar desconocer los derechos de las comunidades.
Por eso, en respuesta a las… pic.twitter.com/V0gDiRbiya— Mindefensa (@mindefensa) October 6, 2025
Compromisos del Gobierno
Las autoridades establecieron tres ejes prioritarios en esta estrategia: proteger a los pequeños mineros que avanzan hacia la legalidad, garantizar la seguridad en los territorios afectados y defender los ríos y el medio ambiente de los daños causados por la minería ilegal.
La minería ilegal representa uno de los problemas más graves para Colombia, al generar devastación ambiental irreversible en ríos y selvas, especialmente en el Pacífico y la Amazonía.
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Esta actividad está vinculada al financiamiento de grupos armados ilegales, que utilizan las ganancias para perpetuar la violencia en los territorios. Además, provoca desplazamiento de comunidades, deterioro de la salud pública por el uso de mercurio y otros químicos tóxicos, y pérdida de biodiversidad en zonas de alto valor ecológico.
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