¿Qué le espera en la justicia a la excongresista Piedad Córdoba?

Las acusaciones que involucran a la ahora candidata al Congreso por el Pacto Histórico Piedad Córdoba, en donde la señalan de haberse extralimitado en sus funciones como mediadora en la liberación de secuestrados por la guerrilla de las Farc, no son nuevas.

No obstante, a un mes de las elecciones para ocupar las curules en el Congreso, dichas acusaciones revivieron luego de un informe que presentó Noticias Caracol, en el que un exasesor de Córdoba la vinculó con haber manipulado la liberación de secuestrados como Ingrid Betancourt, y donde además la señaló de ser “Teodora” en la extinta guerrilla.

Luis Mendieta asegura que Piedad Córdoba también interfirió en su secuestro

El exasesor Andrés Vázquez asegura que Córdoba y las Farc se habrían puesto de acuerdo para obtener el mayor beneficio político posible con la liberación de los secuestrados, tanto para ella como para el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Córdoba, según las declaraciones, también habría asesorado a las Farc, sobre cuál era la mejor forma para entregar las pruebas de supervivencia y para realizar la liberación de los secuestrados, de forma que fuera bien interpretada por la opinión pública.

Vásquez afirmó ante las autoridades que la exsenadora se habría molestado mucho con la ‘Operación Jaque’, que permitió la liberación de Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, entre otros secuestrados, porque le quitó la oportunidad de aprovechar políticamente el hecho.

Las reacciones tras el reportaje no se han hecho esperar. La candidata del partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt, respaldó las acusaciones del exasesor y dijo que, “para ella la liberación de los secuestrados era un trampolín político. Esta es la utilización del poder político para supuestamente ayudar a una familia, lo que hizo Piedad fue campaña política”.

Entre tanto, el candidato al Senado por el Centro Democrático Luis Mendieta Ovalle, quien fue secuestrado por las antiguas Farc y liberado en la operación ‘Camaleón’, aseguró que la excongresista Piedad Córdoba también interfirió cuando estuvo secuestrado.

“Las declaraciones del asesor de Piedad Córdoba corroboran lo que vivimos en las jaulas encadenados. Alias ‘Jojoy’ manifestó que mientras estuviéramos allí, yo sería el último en salir; prácticamente me condenaba a muerte”, afirmó Mendieta, quien además sentenció que “Piedad Córdoba fue una traficante del dolor del sufrimiento de los secuestrados y de sus familias”.

Exasesor de Piedad Córdoba la acusó de manipular liberación de secuestrados

Al paso también salió a responder la defensa de la exsenadora, quien negó cualquier vínculo de militancia de Córdoba con las Farc: “No hay una sola prueba que diga que la financiaron las Farc o que actuó ilícitamente. Ella recibió permiso del Gobierno Nacional para intermediar en la liberación de personas secuestradas”, insistió Ximena Castilla, abogada de Córdoba.

¿Hay pruebas?

En 2019, el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá ordenó al Estado indemnizar a Piedad Córdoba con más de 1.000 millones de pesos, por los seguimientos y chuzadas ilegales que realizó en contra suya y de sus familiares el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

En su momento, se determinó que el DAS publicó información falsa contra Córdoba, lo que la llevó al desprestigio y a un proceso judicial en su contra, además, generó en la opinión pública la imagen de que tenía nexos con la subversión. Así mismo, por orden del Consejo de Estado, la Procuraduría tuvo, en el año 2016, que levantar la sanción que le impuso de ejercer cargos públicos por 18 años, hecho que fue controversial y considerado además como una persecución política.

Lo anterior, luego de que el 27 de septiembre de 2010, el Ministerio Público decidió destituir a Piedad Córdoba de su cargo como senadora, teniendo como pruebas de vínculos con las Farc, pruebas fueron extraídas de los computadores del guerrillero Luis Edgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’.

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La Procuraduría analizó las salidas del país de la entonces senadora Córdoba, las interceptaciones telefónicas a guerrilleros del Bloque Libardo García de las Farc de Cali y el testimonio del ucraniano infiltrado, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el comandante del Frente 30 de las FARC, alias ‘Mincho’.

La Procuraduría dijo, según sus pruebas, que la senadora era conocida con los apodos de: ‘La Negra’, ‘La Negrita’, ‘Teodora’, ‘Teodora de Bolívar’ y ‘Dorotea’; con los cuales fue identificada en sus contactos con las Farc. La justicia determinó que no existieron suficientes argumentos para verificar la realidad o falsedad de las palabras de la Procuraduría, incluso, se aseguró que se habían pronunciado bajo evidencias anómalas y que los computadores de Reyes no cumplieron con la cadena de custodia y fueron manipulados.

Así mismo, la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigar a Piedad Córdoba por estas acusaciones, porque los computadores de Raúl Reyes fueron considerados inválidos como prueba. Lo que sí dejó en firme la Corte Suprema de Justicia, fue la investigación contra Alejandro Ordóñez, por posible calumnia en contra de Córdoba, ya que el exprocurador acusó en diversos medios de comunicación a la excongresista, de tener vínculos directos con la extinta guerrilla de las Farc.

No obstante, como hasta la fecha no se ha dado un fallo condenatorio contra Córdoba, se le exigió a Ordóñez que se retracte de sus afirmaciones. En el expediente que tiene el alto tribunal, se lee que la Fiscalía de Francisco Barbosa pidió archivar el caso, pero la Sala de Primera Instancia de la Corte rechazó esta petición.

“No cumplió (la Fiscalía) con la carga argumentativa y demostrativa que le exigía la causal de exoneración de responsabilidad penal”, se lee en la decisión que mantuvo en firme el caso contra Ordóñez. Ahora, la nueva batalla judicial de Córdoba se da por un informe entregado por Ecuador al Gobierno, en donde la señalan de ser la supuesta pieza clave para que el empresario Alex Saab triunfara en negocios ilegales.

“La bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela. La prueba de ello son los correos electrónicos donde Alex Saab informó con lujo de detalles el estado del proyecto y diseños de las casas a los asesores de Piedad Córdoba”, dice el informe.

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Así mismo, la Corte evaluará el testimonio de Andrés Vázquez en contra de Córdoba. La indagación es en la Sala Especial de Instrucción, a donde la semana pasada se negó a ir la excongresista, para declarar dentro de la indagación preliminar que se adelanta por su supuesta cercanía con Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

La Fiscalía indicó que por el momento no existe ningún tipo de investigación formal en ese organismo de acusación contra la excongresista, por sostener supuestos vínculos con la extinta guerrilla de las Farc, por lo que será la Corte, en cabeza de la magistrada Cristina Lombana, la que determine si existen suficientes argumentos para seguir con la investigación.

Según fuentes del alto tribunal, en dicho proceso también se tiene previsto preguntarle a la exsenadora a cerca de los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con las antiguas Farc.

Colprensa