Investigación

Justicia póstuma para Piedad Córdoba: así cayeron los autores intelectuales de su secuestro

Tras 26 años, la justicia condenó a 28 años de prisión al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba.
Publicado:
12 de Octubre 2025, 9:44 PM
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Veintiséis años después del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, y más de un año después de su muerte, la justicia colombiana finalmente dictó sentencia contra uno de los principales responsables intelectuales de aquel crimen que marcó la historia política del país. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a 28 años de prisión a José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por el secuestro agravado cometido el 21 de mayo de 1999.

La decisión, que constituye una victoria judicial póstuma para Córdoba, llega tras más de dos décadas de impunidad y se sustenta en los testimonios de exjefes paramilitares que, desde los tribunales de Justicia y Paz, revelaron el papel de Narváez como ideólogo y articulador entre las Fuerzas Armadas y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El DAS y la guerra sucia

En 1999, las AUC de Carlos Castaño se adjudicaron el secuestro de la senadora liberal mediante un comunicado en el que justificaban el crimen como una “presión política” al gobierno de Andrés Pastrana para ser incluidos en las negociaciones de paz con las FARC. Sin embargo, las investigaciones revelaron una trama mucho más compleja: una alianza entre sectores del Estado, empresarios antioqueños y estructuras paramilitares que usaban la guerra sucia para eliminar a los opositores de izquierda.

Según el programa Señal Investigativa, Narváez, entonces funcionario del DAS y profesor de la Escuela Superior de Guerra, entregó a Carlos Castaño grabaciones ilegales de conversaciones entre Córdoba y guerrilleros del ELN recluidos en Itagüí, en las que supuestamente se referían a Castaño en términos despectivos. Ese material fue usado como excusa para ordenar el secuestro.

El propio Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, jefe político de las AUC, reconoció en 2014, durante un encuentro cara a cara con Córdoba, que Narváez había instigado a Castaño a cometer el crimen. Báez, junto a otros excomandantes como Salvatore Mancuso, Jorge Iván Laverde (“El Iguano”) y Diego Fernando Murillo Bejarano (“Don Berna”), ratificó esa versión ante la justicia.

El verdugo con rostro de académico

Narváez, quien se ha presentado siempre como académico y servidor público, fue señalado como uno de los principales ideólogos del paramilitarismo. Su discurso sobre la “doctrina del enemigo interno”, que justificaba la eliminación de comunistas, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales, fue utilizado por las AUC como sustento ideológico de sus crímenes.

Esta no es su primera condena. En 2016 fue sentenciado a ocho años por interceptaciones ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos; en 2018, a 30 años por el asesinato del humorista Jaime Garzón; y en 2023, a 12 años más por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque, quien investigó ese homicidio. Pese a acumular más de 74 años de prisión, Narváez sigue recluido en la Escuela de Comunicaciones de Facatativá, no en una cárcel común, lo que ha generado indignación entre las víctimas.

El abogado Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, advirtió en Señal Investigativa que este privilegio “es una burla para la memoria de las víctimas” y reclamó que el exfuncionario sea trasladado a un establecimiento carcelario ordinario.

El costo humano de la persecución

Aunque Piedad Córdoba fue liberada 13 días después de su secuestro, la persecución contra ella apenas comenzaba. Acusada falsamente de ser colaboradora del ELN, debió salir al exilio junto con su familia, enfrentando amenazas, seguimientos y el hostigamiento mediático que la acompañó durante años. Su hijo, Juan Luis Castro Córdoba, recordó en entrevista con la periodista Cecilia Orozco que su madre “sufría delirios de persecución” y que una de sus hijas desapareció durante cinco años como consecuencia del miedo y la dispersión familiar.

A pesar de esa larga travesía, Córdoba mantuvo su voz crítica frente a las estructuras de poder y fue una de las principales gestoras de paz entre el Estado y los grupos insurgentes. Su figura fue tan incómoda que, como reveló Señal Investigativa, su nombre habría aparecido en una lista de personas a asesinar elaborada en una reunión entre Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el general Ospina Ovalle, alias “Mono Leche”, y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe.

La verdad que se abrió paso

Con la condena a Narváez, la justicia reconoce por primera vez la responsabilidad de un alto funcionario del Estado en el secuestro de una líder opositora, un hecho que simboliza la connivencia entre agentes oficiales y grupos paramilitares en la persecución política de los años noventa.

Aunque Córdoba no vivió para ver esta sentencia, debido a su fallecimiento en enero de 2024, el fallo representa una reparación moral y política para su memoria. Como concluyó Señal Investigativa, “la justicia tardó 26 años, pero finalmente cayó sobre los responsables”.

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