El expediente que podría frenar la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional

Carlos Camargo, favorito al Senado para la Corte Constitucional, enfrenta un expediente por espionaje y denuncias de posibles conflictos de interés.
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Carlos Camargo

La elección del reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, cuyo periodo en la Corte Constitucional finaliza en septiembre de 2025, se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial. Entre los tres candidatos seleccionados por la Corte Suprema de Justicia se encuentra Carlos Ernesto Camargo Assís, exdefensor del Pueblo y actual favorito en el Congreso de la República para ocupar el cargo. Sin embargo, sobre él pesa un expediente por presunto espionaje que podría frenar su ascenso.

El programa Señal Investigativa reveló nuevos detalles de la denuncia que la Fiscalía adelanta en contra de Camargo. La investigación se relaciona con la compra y uso de un software durante su administración en la Defensoría del Pueblo, que habría servido para espiar a sindicalistas. En julio pasado, la Fiscalía realizó una inspección judicial en las oficinas de la entidad para verificar el funcionamiento del programa, lo que mantiene abierto el proceso penal.

La sombra del espionaje

La denuncia contra Camargo no es nueva. De acuerdo con Señal Investigativa, los hechos fueron expuestos hace un año y desde entonces han generado preocupación en sectores sociales y políticos. Sindicalistas que señalaron haber sido perseguidos denunciaron, además, amenazas de muerte tras hacer pública la situación.

A pesar de este escenario, Camargo logró superar todos los filtros de la convocatoria realizada por la Corte Suprema y fue incluido en la terna junto a María Patricia Balanta Medina y Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Mientras sus competidores han mantenido un bajo perfil, el nombre del exdefensor ha concentrado la atención debido a los cuestionamientos.

Contrataciones y posibles conflictos de interés

El programa también reveló otro aspecto polémico: durante su gestión en la Defensoría, Camargo habría contratado a esposas, hijos, hermanos y nueras de al menos siete de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

A pesar de que diez magistrados intentaron declararse impedidos para participar en la selección, la Corte rechazó esos recursos, lo que generó suspicacias sobre la transparencia del proceso. Según la investigación, Camargo mantiene estrechas relaciones con algunos magistrados, lo que habría consolidado su favoritismo en la terna.

Antecedentes preocupantes

El debate sobre la eventual elección de Camargo recuerda un antecedente clave: en 2016, el Consejo de Estado anuló la elección de Alejandro Ordóñez como procurador general al comprobar que había nombrado a familiares de magistrados que luego participaron en su elección.

Este mismo patrón, conocido como “puerta giratoria”, está prohibido por el artículo 126 de la Constitución, que impide la designación de parientes de funcionarios con poder de decisión en posteriores procesos de elección. “El viejo truco de yo nombro a tus familiares, y luego tú me nombras a mí”, resumió el equipo de investigación.

El pulso en el Congreso

La terna ya fue enviada al Senado, que deberá elegir el próximo 3 de septiembre al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Aunque los cálculos políticos favorecen a Camargo, la decisión de la justicia podría llegar después de la elección, como ha ocurrido en otros procesos similares.

El exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional y fundador de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, advirtió que los cuestionamientos contra Camargo podrían derivar en un proceso de nulidad, como sucedió con el caso Ordóñez. En la misma línea, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, insistió en que el Senado debe evaluar con rigor los antecedentes éticos de los candidatos antes de tomar una decisión.

Un candidato bajo la lupa

Carlos Camargo, abogado y exvicerector de la Universidad Sergio Arboleda, renunció a la Defensoría en 2023, tres meses antes de terminar su periodo, con el propósito de postularse a la Corte Constitucional. Aunque cuenta con apoyos sólidos en el Congreso, el expediente en su contra y las denuncias por presuntos conflictos de interés dejan en entredicho la legitimidad de su eventual elección.

El país espera que el Senado decida, mientras la justicia avanza lentamente en una investigación que podría redefinir el futuro del candidato más polémico de la terna.


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