Recicladores salen a protestar contra decreto de la alcaldía que afectaría su labor en Bogotá

La mañana del lunes 22 de diciembre, Bogotá fue escenario de bloqueos intermitentes protagonizados por recicladores que denuncian la afectación directa a su labor por la aplicación del Decreto 014 de 2023. El gremio, de aproximadamente 500 personas, se movilizó desde la calle 100 hacia el centro de la ciudad, el cual exige respeto a su derecho al trabajo y señalaron que sus materiales están siendo incautados y desechados.

Según los manifestantes, la norma permite que funcionarios de la alcaldía decomisen los residuos que han recuperado, lo que impide su comercialización. Los recicladores también aseguran que estos materiales estarían siendo arrojados al relleno sanitario Doña Juana, lo que contradeciría el principio de aprovechamiento de residuos y desconocería su rol como actores fundamentales del servicio público de aseo.

El Decreto 014, expedido durante la administración de Claudia López, establece que la clasificación de residuos debe hacerse únicamente en estaciones autorizadas por la UAESP. Para el gremio, esta norma desconoce fallos de la Corte Constitucional que amparan su actividad y limita su presencia en el espacio público, al tiempo que permite decomisos de sus herramientas de trabajo.

“Nos están incautando el material listo para vender. Esto vulnera nuestros derechos y nos deja sin sustento”, denunció Olga González, lideresa de Ecoalianza a un medio nacional.

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Ante esta situación, la Corte Constitucional adoptó medidas cautelares a favor de los recicladores de oficio de Bogotá. El alto tribunal advirtió que el nuevo esquema de aseo, si no se implementa con garantías, pone en riesgo grave e inminente los derechos al trabajo y al mínimo vital de esta población.

Por ello, ordenó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expedir, a más tardar el 25 de enero de 2026, un acto administrativo transitorio que garantice la protección de estos derechos mientras se define el marco definitivo de contratación del servicio.

Este régimen debe incluir un listado de las acciones afirmativas vigentes, los procedimientos para garantizar la continuidad del servicio público de aseo y un cronograma de implementación. Además, la UAESP deberá tomar medidas que aseguren el acceso al material reciclable y al trabajo digno para los recicladores durante esta etapa.

Todas las entidades vinculadas deberán rendir informes periódicos sobre el cumplimiento de estas órdenes, en medio de una tensión creciente entre las políticas de orden público y los derechos laborales de quienes viven del reciclaje.

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