Congreso celebró audiencia para proteger el patrimonio cultural, social y económico de las plazas distritales de mercado

Recientemente, en el Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República, se llevó a cabo la audiencia pública sobre el patrimonio de las plazas distritales de mercado, con participación activa de los vivanderos y vivanderas, y sus organizaciones, así como con el apoyo del representante Sergio Marín y del senador Pablo Catatumbo.  

Caracterización de la población que trabaja en las plazas de mercado

Como punto de partida para conocer la situación de las plazas distritales de mercado y las políticas que son necesarias para proteger el patrimonio cultural, social y económico en estos lugares, es necesario caracterizar su población, que está compuesta principalmente por mujeres.

Las vivanderas, y en general, la mayoría de la población que trabaja en las plazas de mercado, hoy día son adultos mayores, pero se vincularon a sus actividades desde muy jóvenes, junto a sus familias, en los diferentes puestos de distribución de alimentos.

Esto, porque la labor de los vivanderos tiene un fuerte arraigo familiar y se ha transmitido de generación en generación, siendo común que la crianza de los niños se lleve a cabo en los mismos puestos de mercado y en los espacios comunes dentro de las plazas, como una gran familia.

Participación y temas principales de la audiencia

Además de los congresistas y de los delegados de la administración distrital, en el evento hubo representación de los vivanderos y vivanderas de las 19 plazas de mercado públicas de Bogotá.

En la mesa directiva estuvieron, además del representante Marín, los vivanderos Adriana García Parra, presidenta del Sindicato de Plazas de Mercado, Rosemberg Falla, Vocero de la Veeduría Distrital de Plazas de Mercado y Constanza Pardo, de la Coordinadora Distrital de las Plazas de Mercado.

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El principal tema que se abordó en el evento fue el de la preservación, cuidado y protección de las plazas de mercado, lo cual, en palabras del representante a la cámara, corresponde a tres tópicos principales. En primer lugar, al cumplimiento del mandato constitucional, ya que la Carta Política colombiana establece que es deber del Estado y la Sociedad que se proteja el patrimonio cultural del país. 
En segunda instancia, proteger las plazas de mercado implica comprender que no son solo unas edificaciones, sino que se desarrollan por las personas, que representan la historia y la cultura de las plazas, en donde reside su valor patrimonial. Por último, se debe considerar que su objetivo principal es la seguridad alimentaria del país, por lo que cumplen una función determinante en el bienestar.

En el caso de Bogotá, dado que el gobierno distrital no es independiente de la institucionalidad colombiana, es necesario que también dé cumplimiento real a lo dispuesto en la Constitución y la Ley. Esto cobra especial importancia, porque en varias intervenciones se presentaron situaciones problema en la gestión del Instituto Distrital para la Economía Social, IPES, encargado de la administración de las plazas de mercado de la capital.

Los representantes de las organizaciones de las plazas de mercado señalaron que en la entidad no se promueve una verdadera participación incidente, y que antes bien, se definen políticas insuficientes y que tienden a limitar las labores adelantadas en estos lugares. Además, se presentaron ejemplos de gestiones inadecuadas de los procedimientos y de la posible incidencia de algunos funcionarios sobre las actividades de los líderes de las plazas.

Contratos de uso y aprovechamiento de las plazas distritales de mercado

Los contratos de uso y aprovechamiento de las plazas de mercado se establecieron como un mecanismo de control de ocupación y costos sobre los puestos de venta, por parte de la administración distrital, y su entidad encargada, el Instituto para la Economía Social, IPES, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Básicamente, es una figura de arrendamiento, mediante la cual se condicionó la firma de contratos de uso y aprovechamiento, a la posibilidad de permanecer en las plazas , sin que las personas fueran informadas en profundidad de las cláusulas de estos instrumentos, y sin la construcción de un consenso necesario para garantizar la participación de quienes llevan muchos años en los puestos, pero que por primera vez se enfrentan a estas regulaciones.  

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Según los participantes del evento, algunos vivanderos y vivanderas no pueden leer y entender las resoluciones y los contratos que de estas se derivan, por lo que era pertinente realizar espacios para brindar explicaciones en profundidad, lo cual no se logró, antes de que se llegara a la firma y que comenzaran a llegar los recibos de pago.

Los valores de estos recibos han crecido vertiginosamente, pues de acuerdo con la información suministrada por algunas personas que permanecen en las plazas,  al comienzo, hacia 2016, tenían valores de alrededor de los $90.000 pesos y hoy día superan el millón de pesos, sin contar, la acumulación de deudas, que en algunos casos, comenzó desde la pandemia en 2020.

Queda mucho trabajo por hacer

Aunque una de las principales conclusiones del espacio fue el reconocimiento al trabajo de los vivanderos y vivanderas en la protección del patrimonio de las plazas de mercado, mediante sus actividades cotidianas, como también, en acciones afirmativas específicamente organizadas para este propósito, todavía queda un largo camino qué recorrer.

La construcción de políticas públicas más participativas y efectivas debe considerar a las plazas distritales e ir profundizando las experiencias, hacia las plazas de todo el país. Igualmente, se propuso que las entidades nacionales sean más activas en observar y orientar las acciones que están a cargo de las entidades de otros niveles de gobierno y que se apoye una mesa de trabajo urgente, con el fin de que se pueda avanzar en la postulación general de las plazas de mercado como patrimonio cultural.

Las estrategias de protección requieren de unos acuerdos nacionales sobre el funcionamiento de las plazas, inversión y apoyo institucional a las actividades propias del abastecimiento, como también a la organización y la participación de los vivanderos y vivanderas, así como de las comunidades que están a su alrededor. 

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