La Corte Constitucional definió que el estudio del decreto de emergencia económica se realizará tras el receso judicial de enero.
Corte Constitucional comenzará estudio del decreto de emergencia económica después del 13 de enero
23 de Diciembre 2025, 4:30 PM
La Corte Constitucional dio a conocer cuando comenzará a estudiar el decreto de emergencia presentado por el Gobierno Nacional por 30 días. El decreto sustenta la medida en el faltante de $16,3 billones y en presiones simultáneas sobre salud, subsidios y obligaciones del Estado.
Esto significa que en caso de aprobarse y ejecutarse el decreto de Emergencia Económica y Social tendrán 30 días para que la rama ejecutiva y legislativo para realizar operaciones encaminadas a lograr un equilibrio y completar los fondos destinados para el Presupuesto General de la Nación en el 2026.
Es por ello que la Corte Constitucional dio a conocer que se estudiará la medida impulsada por el Gobierno el próximo 13 de enero de 2026, puesto que la rama se encuentra en vacancia judicial.
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“La Corte avocará el control judicial del decreto declarativo del estado de emergencia y de los decretos de medidas a cuyo amparo se dicten, una vez se reanude la actividad judicial al vencimiento de la vacancia judicial en curso”, dio a conocer la entidad.
Estudio del decreto de emergencia económica en el país
A su vez, la Corte Constitucional dio a conocer que en el pasado ya había pasado algo similar con un decreto de emergencia económica durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Allí se presentó el decreto el 23 de diciembre de 2009 sobre la crisis de la salud. Por lo que la Corte Constitucional también lo estudió después de la vacancia y llegó emitir la sentencia el pasado 16 de abril de 2010.
El decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 busca recaudar fondos para evitar una peor deuda fiscal, además de:
1- Obligatoriedad de cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud.
2- Garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público, y protección por agravamiento del riesgo por atentados a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones.
3- No aprobación por parte del Congreso de la República de dos proyectos sucesivos de Ley de Financiamiento para las vigencias fiscales 2025 ($12 billones) y 2026 ($16,3 billones).
4- Desastres naturales causados por la actual ola invernal.
5- Sentencias judiciales pendientes de pago.
6- Obligaciones atrasadas de origen legal (subsidios de servicios públicos, eléctricos y combustible).
7- Agotamiento de las alternativas de endeudamiento (Regla Fiscal) y cláusulas derivadas de las medidas unilaterales del Gobierno de los Estados Unidos.
8- Restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.
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