Compulsan copias contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago por presuntos determinadores de homicidio de defensores de derechos humanos

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín profirió sentencia condenatoria contra José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del desaparecido DAS, por su responsabilidad como determinador del secuestro extorsivo agravado de la entonces senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, ocurrido en 1999. La decisión es celebrada por la familia de la fallecida Senadora y por quienes esperaban justicia en este caso. Sin embargo sorprendió la aparición del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano, Santiago Uribe, en este caso.

La decisión impone 28 años de prisión, una multa superior a 3.400 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por un período igual a la pena. Además, ordena el pago de una indemnización por 800 salarios mínimos a favor de Natalia María Córdoba Castro, hija de la excongresista.

En cuanto a la orden de investigar a los hermano Uribe Vélez, aparece en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia emitida el 6 de octubre de 2025. La providencia establece textualmente:

🚨 ATENCIÓN 🚨 Un juzgado de Medellín ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe por su presunta relación con el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y del profesor universitario Eduardo Umaña Mendoza.

📄 La… pic.twitter.com/4LR58qCJMl

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 6, 2025

“COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez y al General Ospina como presuntos determinadores del homicidio de los ciudadanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo”.

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Las pruebas que motivaron la compulsa

De acuerdo con la sentencia, la decisión se adopta tras valorar testimonios y documentos judicializados durante el proceso, los cuales mencionan una reunión en 1997 en la que habrían participado Carlos Castaño, los hermanos Uribe y un “General Ospina” vinculado a la Cuarta Brigada del Ejército.

Según los declarantes, en ese encuentro se habrían discutido listados de líderes sociales y defensores de derechos humanos considerados “enemigos” del poder regional de la época. Entre ellos, figurarían Valle Jaramillo —asesinado en 1998 tras denunciar la connivencia de agentes estatales con estructuras paramilitares en Antioquia— y Jorge Umaña Mendoza, abogado y exalcalde de Ituango, asesinado ese mismo año.

El juzgado aclara que la compulsa de copias no implica una imputación penal y que será la Fiscalía General de la Nación la encargada de verificar si los elementos remitidos constituyen fundamento suficiente para abrir una investigación formal.

Condena a Narváez y alcance del fallo

En el mismo proceso, el tribunal condenó a José Miguel Narváez Martínez a 28 años de prisión, además de imponerle una multa superior a 3.400 salarios mínimos legales mensuales y una inhabilidad por el mismo periodo. También lo declaró responsable del secuestro extorsivo agravado de la entonces senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, ocurrido en 1999, delito que fue calificado como de lesa humanidad.

La sentencia ordena el pago de 800 salarios mínimos a favor de Natalia María Córdoba Castro, hija de la excongresista, como reparación por los daños morales sufridos. Asimismo, niega beneficios como la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.

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Qué sigue tras la compulsa

Con la decisión, la Fiscalía deberá analizar los elementos enviados por el juzgado para determinar si existe mérito para abrir un proceso penal en torno a los homicidios de Jesús María Valle y Jorge Umaña.

El fallo subraya que las compulsas de copias son una obligación legal del juez cuando, durante un proceso, surgen hechos o personas posiblemente vinculadas a delitos distintos de los juzgados. Este caso constituye un historial de señalamientos contra los hermanos Uribe Vélez, señalados de ser fundadores del paramilitarismo en Colombia. A paso lento, las investigaciones avanzan mostrando pocos resultados.

Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado públicamente sobre las acciones que adoptará frente a esta compulsa.