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¿Qué podría pasar con el conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua?

Foto: Externos - Colprensa
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Todo se definirá este 13 de julio desde La Haya.

Crece la expectativa ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que se dará el próximo 13 de julio desde La Haya por el conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Se trata de un proceso en el que Nicaragua reclama la supuesta existencia de una plataforma continental que se extendería más allá de 200 millas y Colombia afirma que no es procedente tal delimitación. Pero esta no es la primera vez que Nicaragua demanda a Colombia. De hecho, es la tercera. La primera fue en 2001 y culminó en 2012, es conocida como la Controversia Territorial y Marítima; luego de esta hubo dos procesos (uno sigue en curso y el otro no): el ya mencionado y el de las Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe.

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Así, durante más de 10 años, Colombia ha presentado argumentados escritos de tipo jurídico, científico e institucional que, finalmente, fueron escuchados por la Corte luego de que el 4 de octubre de 2022 llamara a audiencias públicas orales. En lo que el equipo de defensa denomina un tiempo récord, pues tuvieron tres meses para prepararse, Colombia argumentó sus respuestas a las preguntas formuladas. Esta es la antesala al fallo del 13 de julio que, si bien es histórico e inapelable, podría no cerrar el proceso. ¿La razón? A rasgos generales, de las razones jurídicas, científicas e institucionales por las cuales la reclamación de Nicaragua no procede, la CIJ solo se va a pronunciar sobre las primeras, por lo que es posible que a pesar del fallo se convoquen a nuevas audiencias. Ha sido, en definitiva, un proceso particular, pues Nicaragua se ampara en el artículo 76 de la Convención del Mar, el cual define las plataformas continentales, pero Colombia no hace parte de tal tratado. Así las cosas, en este conflicto entre Colombia y Nicaragua, cualquier decisión atenderá al Derecho internacional consuetudinario, es decir, a las normas que no están escritas y que se derivan de las prácticas de los Estados que han sido aceptadas como derecho.

¿Qué es lo que se disputa entre Colombia y Nicaragua?

Mucho se ha dicho en torno al caso entre este conflicto entre Colombia y Nicaragua. De hecho, hay un miedo perceptible, pues algunos creen que Colombia perderá parte de su mar. Pero antes hay que hacer unas cuantas precisiones. El Mar territorial comprende apenas 12 millas náuticas, luego viene la Zona contigua de otras 12 millas y finalmente la Zona económica extendida. Allí el Estado Costero tiene soberanía para explotar recursos naturales y hacer investigación científica. La plataforma continental extendida “es la prolongación natural del continente bajo el mar que alcanza una extensión superior a las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial y hasta unos límites precisos fijados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, tal cual explica la Cancillería. El miedo, entonces, podría relacionarse es a la posibilidad de que haya solapamiento entre las jurisdicciones de Colombia y Nicaragua.

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¿Quiénes componen el equipo de defensa de Colombia?

Para afrontar este comflicto entre Colombia y Nicaragua, el equipo de defensa lo componen Eduardo Valencia-Ospina en su calidad de agente, quien es un doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas con gran renombre en el país. Este se ha desempeñado como secretario adjunto y luego secretario de la Corte Internacional de Justicia durante 16 años, miembro y presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y como asesor de Colombia en los litigios ante la CIJ. Además está la embajadora de Colombia ante Países Bajos, la doctora Carolina Olarte; la Viceministra de Asuntos Multilaterales Elizabeth Taylor Jay, y el asesor Gabriel Cifuentes Ghidini, abogo y magíster tanto en Derecho Internacional como en Administración Pública. Además, en este caso entre Colombia y Nicaragua, se ha contado con la participación de la comunidad raizal del Archipiélago y del Gobierno Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Colprensa.