Crecimiento de las Zonas de Reserva Campesina impulsa estrategias de desarrollo rural

En el gobierno del presidente Gustavo Petro se han formalizado el 74% de las Zonas de Reserva Campesina que hay en el país.
campesino mayor de espaldas, mirando hacia el campo en el horizonte
Foto: @MinAgricultura

 

Tras más de tres décadas en que el sector agrario colombiano sufrió los rigores del cambio de modelo de desarrollo, en el que se priorizaron las políticas sobre los sectores de la minería y los hidrocarburos, el gobierno nacional se propuso impulsar la reactivación del campo mediante consensos y a partir de las iniciativas comunitarias.

Esto hizo posible el fortalecimiento de la figura de Zonas de Reserva Campesina, ZRC, que si bien existen desde hace casi treinta años, solo recientemente han encontrado espacio institucional enfocado en su sostenibilidad. Los procesos que se están adelantando en la actualidad, han permitido actualizar y desarrollar los Planes de Desarrollo de cada zona, con el fin de priorizar las inversiones, e impactar, en unas de las principales metas de estas figuras territoriales rurales: evitar el abandono del campo y fomentar el retorno de las familias campesinas a sus actividades socioeconómicas.  

Las Zonas de Reserva Campesina se han desarrollado como una estrategia de desarrollo rural

Aunque las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, se estructuraron como figuras de ordenamiento territorial, sus procesos socioeconómicos rurales las hacen todavía más complejas. No son simples lugares en los que se han establecido pautas para el uso del suelo, sino que se basan en el reconocimiento de la economía campesina, para proyectarla y prosperarla con sostenibilidad.

A nivel nacional, las ZRC son instrumentos que contribuyen a contener la frontera agrícola y generar desarrollo rural, mediante la organización de la producción y la consolidación de redes de comercialización acordes a las líneas productivas con las que trabajan y a las capacidades regionales.

Las comunidades llevan a cabo procesos de fortalecimiento que recogen sus experiencias previas y que inician mediante la construcción de un Plan de Desarrollo de la ZRC. Con esto, se profundiza la participación y se generan espacios en los que se impulsa la organización, la asociatividad, la democracia y la paz. En la tabla, se encuentran las zonas que han sido aprobadas desde que inició esta figura en 1994, hasta la actualidad.


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Esto, porque aunque en la práctica, las ZRC se comenzaron a organizar como resultado de las negociaciones de paz, y posteriormente, como parte del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, estas se planificaron desde la Ley 160 de 1994, sobre Reforma Agraria, y luego fueron reglamentadas por el Decreto 1777 de 1996, lo que permitió que la primera de estas áreas fue concretada en 1997.

En estas normas se estableció que en los territorios que abarca cada ZRC se tiene como propósito proteger y aprovechar la vocación agroalimentaria y fortalecer la economía campesina, en términos de identidad, cultura y producción, siendo también un mecanismo para saldar deudas históricas del sector rural, en cuanto a la distribución de la tierra, la lucha contra la pobreza y la generación de oportunidades, priorizando estrategias asociativas y el trabajo colectivo.

En el gobierno del presidente Gustavo Petro se fortalecieron las ZRC existentes y se apoyó la creación de nuevas

Pese a la pertinencia de las ZRC para el desarrollo rural, su creación exige un proceso, que si bien es relativamente sencillo, requiere de tiempo y de la construcción de consensos. El apoyo institucional es clave para que se puedan aprobar y para que funcionen, en especial, para la búsqueda y ejecución de recursos que permitan el cumplimiento de los planes de desarrollo definidos en cada una de ellas.

Este apoyo requiere de la concurrencia en los diferentes niveles de gobierno y de la activa participación de las comunidades organizadas. Es por ello que en la historia reciente del país, aunque la figura ha estado vigente, no siempre se han logrado concretar los procesos de creación, y cuando ello sucede, se enfrentan dificultades que se deben ir solucionando, pues una vez instaurada la zona, se deben cumplir con los compromisos adquiridos.

En la tabla a continuación se presenta la información sobre las ZRC que existen actualmente en el país: 

 

En la tabla se observa que el país cuenta con 27 ZRC, que se crearon desde fines de los noventa. Sin embargo, al principio solo fueron constituidas seis (de 1997 a 2002). Luego, entre 2002 y 2022 sólo se creó una en Montes de María (año 2018), por lo que la reactivación de la estrategia se da durante el presente gobierno, en que se han reglamentado el 74%.

Las primeras ZRC del país fueron organizadas principalmente en departamentos del sur, como Putumayo, Caquetá y Guaviare, en regiones con alto potencial agrícola y ambiental.

Hoy día, estas áreas de desarrollo socioeconómico se encuentran en 14 departamentos del país (42%), principalmente en Antioquia, Tolima, Bolívar y Cundinamarca, siendo iniciativa de las organizaciones campesinas que las organizan. En la actualidad, son acompañadas y formalizadas mediante Acuerdos de la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

El área total que está siendo cobijada por esta figura es de 1 millón, 128 hectáreas, con una cobertura poblacional de aproximadamente 30 mil familias, según datos de la ANT. 
 

En el mandato del presidente Petro también se promovieron dos nuevas figuras de desarrollo agropecuario: TECAM y APPA

Otras de las figuras que se estructuraron en el país, para promover el fortalecimiento de las organizaciones campesinas y el desarrollo rural, son los Territorios Campesinos Agroalimentarios, TECAM y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA.

El enfoque de estos instrumentos también es la seguridad alimentaria. En el caso de los TECAM se diferencian de las ZRC en que en estas se destaca un componente importante de ordenamiento de la propiedad rural, que permita estabilizar y fortalecer la economía campesina, de forma que en sus planes de desarrollo, se prioriza la relación entre propiedad y producción, avanzando en procesos de legalización y formalización.


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En contraste, en los TECAM el enfoque es la transición agroecológica, hacia producciones más sostenibles, por lo que su organización se articula mediante el Plan de Vida, Agua y Dignidad Campesina. Por tanto, uno de sus principales propósitos es la protección de la biodiversidad.

Los TECAM se estructuraron mediante el Decreto 780 de 2024 y también deben ser formalizados ante la Agencia Nacional de Tierras, ANT, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, en el cual se presentaron las bases para estas áreas rurales como una “forma de territorialidad campesina”. En la actualidad hay 29 territorios organizados bajo esta modalidad.

Por su parte, las APPA son estrategias institucionales, lo que significa que aunque se busca una amplia participación de las comunidades, estas iniciativas son desarrolladas ante todo por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad para la Planificación Rural Agropecuaria, UPRA.

Esta entidad técnica, en cumplimiento de sus funciones de estudio y clasificación de los suelos del país, determina la aptitud de las tierras para el desarrollo de diferentes actividades productivas, de conservación y de recuperación, por lo que ofrece los datos que permiten identificarlas y declararlas. En este sentido, una de las principales diferencias de las APPA con las ZRC y los TECAM, es que estas dos últimas figuras son de iniciativa social, en vez de institucional.

El objetivo principal de las APPA es proteger los suelos agrícolas que son determinantes para la garantía de la seguridad alimentaria del país, por lo que se priorizan las áreas fértiles, para las que se define un Plan de Acción, enfocado a su vez, en la producción, pero especialmente, en la gestión sostenible del agua y del suelo .

Mediante las APPA se están protegiendo cerca de 200 mil hectáreas de tierra, ubicadas en 31 municipios de los departamentos de Tolima, Antioquia, Cundinamarca y La Guajira. En la actualidad, se busca hacer extensivos estos procesos hacia los departamentos de Santander, Cauca, Putumayo, Meta y Córdoba, según información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible. 


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