La canciller Rosa Villavicencio en diálogo con El Calentao Informativo aseguró que Carlos Ramón González tiene las garantías para enfrentar el proceso judicial sobre caso de la Ungrd.
“Carlos Ramón González enfrenta delitos punibles, más no políticos”: Ministerio de Relaciones Exteriores
Publicado:
21 de Agosto 2025, 2:17 PM
El Gobierno colombiano elevó un fuerte pronunciamiento frente a la decisión de Nicaragua de conceder asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La canciller Rosa Villavicencio sostuvo que el exfuncionario “enfrenta delitos punibles, más no políticos” y que debe comparecer en Colombia con todas las garantías procesales que ofrece el Estado social de derecho.
En entrevista con El Calentao Informativo de Señal Colombia, la jefa de la diplomacia colombiana explicó que el Gobierno de Managua desconoció el Tratado de Extradición de 1929, vigente entre ambos países, que obliga a entregar a personas procesadas o condenadas por delitos comunes. “Invocamos ese tratado y llamamos a la cooperación judicial de Nicaragua para que cumpla sus obligaciones internacionales en la lucha contra la corrupción y se abstenga de otorgar protección a individuos investigados por delitos graves”, señaló.
🗣️"Desde el Ministerio de Justicia como la Cancillería expresamos nuestro desacuerdo con la decisión de Nicaragua", Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, Canciller de Colombia, sobre el asilo de Carlos Ramón González en #ElCalentao de @SenalColombia.
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Villavicencio recalcó que la Cancillería y el Ministerio de Justicia transmitieron a Managua la solicitud de extradición enviada por la Fiscalía General de la Nación, en la que se pide que González sea entregado a las autoridades judiciales colombianas. “Colombia brindará a todo detenido el debido proceso y las condiciones de garantía. Por eso este proceso judicial tiene consagradas todas esas garantías en nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó.
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"El asilo no puede ser aplicado a procesados por delitos comunes"
La controversia se agudizó cuando el Gobierno nicaragüense certificó que Carlos Ramón González había solicitado y obtenido asilo político. Para la Cancillería, esa decisión constituye un mal uso de la figura de protección internacional. “El asilo no debe favorecer la impunidad. Reconocemos y respetamos el asilo como institución, pero no puede ser aplicado a procesados por delitos comunes”, puntualizó Villavicencio.
La canciller recordó que en el pasado, el uso indebido de la figura ya había generado tensiones internacionales: “Esta figura a veces mal usada nos ha traído grandes problemas, como en el caso de Inglaterra, donde la cantidad de ciudadanos colombianos solicitando asilo llevó a que ese país nos impusiera visado. No podemos permitir que se desnaturalice la esencia del asilo”.
🗣️"Llamamos a la cooperación judicial a Nicaragua para que aplique ese tratado y lo exhortamos respetuosamente para que la República de Nicaragua cumpla las obligaciones internacionales en la lucha contra la corrupción y abstenerse de otorgar protección a individuos investigados… pic.twitter.com/ICR7kml4vV
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Según el Gobierno, los delitos atribuidos a González carecen de cualquier carácter político. “El señor González enfrenta un proceso penal por delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. Estas conductas punibles no son menores y afectan directamente la administración pública y la transparencia institucional propia del Estado social de derecho”, sostuvo la ministra en la entrevista con Señal Colombia.
Los procesos judiciales contra González
El 21 de mayo de 2025, la Fiscalía imputó a González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos, todos vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD. Aunque la imputación fue clara y detallada, González no aceptó los cargos.
Posteriormente, el 3 de julio de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura y determinó que debía ser recluido en un establecimiento carcelario. La orden judicial establecía que González habría participado en una red de desvío de recursos que involucró sobornos a congresistas, contratos direccionados y la compra irregular de carrotanques. El monto de las adjudicaciones fraudulentas asciende, según la Fiscalía, a cerca de 4.000 millones de pesos.
Las investigaciones lo ubican como un articulador político y financiero de la trama, junto con otros exdirectivos de la UNGRD como Olmedo López y Sneyder Pinilla. Este último, ya convertido en testigo de la Fiscalía bajo un principio de oportunidad aprobado por un juez, se comprometió a entregar información clave sobre al menos 23 personas, entre ellas congresistas, exministros y exfuncionarios.
La solicitud de extradición y la posición de la Cancillería
Tras conocerse que González se encontraba en Managua, la Cancillería recibió de la Fiscalía la solicitud formal de extradición y la transmitió de inmediato a la embajada en Nicaragua para que fuera entregada al Gobierno de ese país. Sin embargo, antes de que avanzara el trámite, las autoridades nicaragüenses concedieron asilo, lo que bloquea de facto la entrega.
La Cancillería respondió ya respondió con firmeza: “Llamamos a Nicaragua a que aplique el tratado de extradición y cumpla con su obligación de no dar refugio a procesados por delitos comunes. El asilo está concebido para proteger a quienes son perseguidos políticos, no a quienes enfrentan procesos judiciales por corrupción”.
Además, la canciller Villavicencio reveló que la Procuraduría abrió investigación sobre una supuesta gestión de la embajada en Managua que habría solicitado una ampliación de residencia para González sin conocimiento de la Cancillería. “Ese hecho está en investigación, y nosotros proveeremos todos los medios para que la Procuraduría lo esclarezca con objetividad y prudencia”, aseguró.
El gobierno de Nicaragua confirmó que otorgó exilio político al colombiano Carlos Ramón González a través de una resolución ministerial. La Cancillería de ese país le notificó al estado colombiano a través de una nota diplomática.
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La situación de González va más allá de un mediático capítulo judicial, ahora representa un desafío diplomático con un Gobierno que se enfrenta a un aislamiento internacional. Colombia considera que el tratado de cooperación vigente ha sido vulnerado. La negativa de Managua, según Villavicencio, "desnaturaliza las instituciones de cooperación", cuando el propósito de estos acuerdos es impedir la impunidad y garantizar que la corrupción no encuentre refugio en ninguna frontera.
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UNGRD: un proceso que avanza para descubrir una inmensa red de corrupción
El caso UNGRD, en el que aparece mencionado Carlos Ramón González, es uno de los mayores escándalos recientes de corrupción en Colombia. La investigación reveló presuntos sobrecostos, contratos amañados y desvíos de recursos destinados a la atención de emergencias y desastres. Parte de esos fondos habrían sido utilizados para pagar sobornos a congresistas.
González, señalado de haber tenido un papel protagónico en la operación, es considerado un engranaje clave en la conexión entre la administración pública y los actores políticos que se beneficiaron de la red. Para la Fiscalía, su testimonio y su comparecencia en juicio son fundamentales para esclarecer responsabilidades en una trama que erosiona la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
El Gobierno colombiano espera que el tratado de extradición firmado hace casi un siglo con Managua prevalezca sobre la decisión unilateral de conceder asilo. La Cancillería ha sido clara en que el Estado colombiano ofrecerá todas las garantías judiciales y constitucionales, pues, en palabras de la canciller: "Este no es un asunto político, es un caso de corrupción que debe responderse ante los jueces”.
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La canciller Rosa Villavicencio en diálogo con El Calentao Informativo aseguró que Carlos Ramón González tiene las garantías para enfrentar el proceso judicial sobre caso de la Ungrd.
