Colombia avanza en sustitución de cultivos de coca sin glifosato: 6.386 hectáreas erradicadas

A poco más de un mes del cierre del gobierno Petro, la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos muestra avances concretos, aunque todavía distantes de la meta final. Así lo expuso Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, durante la sesión del Consejo de Ministros celebrada este martes en la Casa de Nariño, donde presentó al presidente Gustavo Petro un balance detallado del programa.

De acuerdo con las cifras oficiales, actualmente hay 42.534 hectáreas vinculadas al proceso de sustitución en diferentes territorios del país, de las cuales 6.386 han sido efectivamente erradicadas y verificadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El Gobierno se ha fijado como objetivo llegar a las 30.000 hectáreas erradicadas antes de concluir el mandato, lo que implica multiplicar varias veces los resultados actuales en el tiempo que resta.

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Compromisos atados más allá del cambio de gobierno

Uno de los puntos centrales del informe fue la sostenibilidad jurídica y financiera del programa. Miranda fue enfática en señalar que la inversión ya está contratada para las 42.000 hectáreas en proceso, lo que significa que las obligaciones adquiridas con las familias campesinas deberán ser honradas independientemente de quién asuma el poder en agosto. "Venga el gobierno que venga tendrá que cumplir con estos compromisos", afirmó la funcionaria, quien también marcó diferencias con el programa PNIS del gobierno Santos, al que acusó de haber inscrito a 99.000 personas sin garantizar el presupuesto para el año siguiente.

El Catatumbo: sustitución en medio del conflicto

Con 11.524 hectáreas en proceso de sustitución, el Catatumbo es una de las regiones con mayor peso dentro del programa y también una de las más complejas. La presencia del ELN en esa zona convierte la erradicación voluntaria en un ejercicio delicado, que según Miranda ha contado con un actor inesperado: los propios campesinos. Según relató, han sido las comunidades quienes han acudido directamente ante los comandantes del grupo armado para solicitar garantías y reclamar su derecho a participar en el programa.

El presidente Petro reconoció la dificultad política y de seguridad que representa avanzar en esa región, pero destacó su posición geográfica como una ventaja estratégica de cara a posibles exportaciones legales hacia el Caribe. En esa línea, el mandatario propuso impulsar zonas francas populares en los territorios en transición, orientadas a fortalecer las economías locales.

Putumayo y Nariño: comunidades como protagonistas

En Putumayo, el Gobierno anunció un esquema inédito: por primera vez, la Policía Antinarcóticos y las comunidades trabajarán juntas en la erradicación manual de cultivos dentro de lo que Miranda denominó "un pacto social por la paz y la transición hacia una economía legal". Además, se han conformado mingas de erradicación con comunidades étnicas y campesinas para acelerar el cumplimiento de la meta.

Los datos del Valle del Guamuez ilustran el alcance del programa sobre el terreno: el 71,5 % de las familias participantes erradicó la totalidad de sus cultivos, el 16 % lo hizo de forma parcial y el 12 % restante fue derivado a otra ruta institucional.

En Nariño, el programa cubre cuatro municipios. Roberto Payán concentra 3.314 hectáreas, equivalentes a cerca del 80 % del total de cultivos del municipio. San Andrés de Tumaco registra la mayor extensión con 8.631 hectáreas en proceso. En total, 12.600 hectáreas, unas 10.900 familias, están vinculadas en ese departamento, y el 85 % de ellas eligió el cacao como cultivo alternativo. Un dato que el Gobierno subraya como argumento económico: mientras el grano de cacao se transa en torno a los $10.000 por kilo, su transformación en productos como licor puede elevar ese precio hasta los $40.000, lo que abre una ruta de mayor valor agregado para los productores.

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Sin glifosato y con validación internacional

Miranda fue categórica al descartar el uso del herbicida en las operaciones actuales: la erradicación avanza exclusivamente mediante mingas comunitarias y la verificación de los resultados está a cargo de la UNODC. Esta distinción ha comenzado a tener peso en los escenarios internacionales donde el Gobierno ha presentado su modelo. Según la directora, hasta hace poco los avances eran recibidos con escepticismo; hoy, dijo, "ya lo están viendo con evidencia".

Para garantizar la sostenibilidad económica del modelo en el mediano plazo, el Ejecutivo trabaja en un documento Conpes con vigencias futuras y en la creación de una cooperativa nacional que asegure la transformación, comercialización y permanencia de los proyectos productivos en los territorios.

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