Abandono y exclusión social: urge profundizar concientización y políticas sobre la habitabilidad de calle

En video quedó registrado el procedimiento de un grupo de agentes de la policía del municipio de Rionegro, Antioquia, en que estaban deteniendo a un habitante de calle, en las imágenes se ve a la persona siendo arrastrada por la acera, tras lo cual es sostenido contra la pared por al menos tres hombres. 

Un carro que pasaba por el lugar arrastra parte de las cajas de cartón que llevaba esta persona. El resto del material permanece tirado en el piso. 

Posteriormente, en la grabación se observa que ha sido despojado de parte de su ropa, esposado y colgado desde una reja o baranda que se alcanza a ver en la secuencia. Al mismo tiempo, otros dos agentes están en medio de la comunidad, entre la que se encuentran algunas personas tratando de calmar a un perro que, de acuerdo con las personas presentes, es del habitante de calle. 

Acorralado por la situación, el perro embistió varias veces contra los policías y corría desorientado, finalmente, se acerca a uno de ellos quien ya tiene su arma de dotación en la mano y de forma inesperada, detona, lo que le causa la muerte de forma inmediata. 

Tras el disparo se escuchan múltiples y desgarradores gritos, mientras la comunidad increpa a quien realizó la detonación. Luego, aparece el habitante de calle subido en el platón de un vehículo policial, al cual se acerca una de las personas que graba, y le pregunta, “ñero, ¿qué fue lo que pasó, qué fue?” A pesar de estar visiblemente golpeado y detenido, no le da importancia a esto y le responde: “que me mató mi perro, me le pegó un tiro”.

Por estos hechos, los temas de los derechos y el trato a los habitantes de calle vuelven a estar en el centro del debate entre la opinión pública. 

En el país, la incidencia de la habitabilidad de calle es desigual

En Colombia, en términos de concentración, la mayor parte de la población de habitantes de calle, se ubica en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con presencia en otras capitales como Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Villavicencio, Cartagena y Santa Marta, así como en puertos y lugares de mayor dinámica comercial, como Buenaventura y Cúcuta. 

En estas ciudades, la habitabilidad de calle tiene mayor presencia en zonas específicas, tanto por las actividades que en estas se desarrollan y que les permiten obtener alimentos y otros recursos para su subsistencia (sin desconocer que ello se haga de forma precaria), como también por la marginación, que impide que se puedan desplazar con facilidad por otros lugares. 

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Estas zonas suelen ser altamente concurridas, pero con población principalmente flotante (personas que transitan y acuden al lugar, pero tienen domicilio y asiento definitivo en otras partes). La cantidad de actividades y la movilidad, hacen que sean territorios en los que es más difícil garantizar la seguridad. Igualmente, los habitantes de calle se suelen ubicar alrededor de las centrales de abastos, plazas de mercado y otros sitios de distribución de alimentos, en especial, cuando están en municipios y poblados más pequeños. 

Una situación que es cada vez más grande y compleja 

Aunque la cantidad, ubicación y situaciones de la población habitante de calle cambia muy rápidamente, el seguimiento a los casos permite observar que cada vez más personas se encuentran en esta condición, incluyendo cada vez más casos de mujeres y niños, y también, adultos mayores desamparados, que es el grupo que tradicionalmente ha tenido una participación significativa dentro de este grupo. 

Las mediciones censales, por lo general se realizan en cada ciudad, aunque el DANE realizó uno de cobertura nacional, cuyos resultados se presentaron en 2021. En ese momento, y de acuerdo con los reportes institucionales sobre esta condición y la caracterización de lugares donde posiblemente se encontraran casos, se priorizaron 444 municipios y ciudades en 26 de los departamentos del país.

Con la labor de campo, se concluyó que había presencia verificada de esta población en 86 de estos municipios (19% entre los lugares priorizados y 8% de todo el país). Esta frecuencia de territorios, unido a las cantidades de casos en cada uno de ellos, contrasta con observaciones más antiguas, en las que se reportaban uno o pocos casos en ciertos poblados, de personas que, a pesar de vivir en la calle, eran reconocidas por los habitantes de cada lugar, quienes asumían labores de alimentación y cuidado. 

En la actualidad, por el gran número de casos y por la mayor rotación de lugares, es más difícil que las comunidades conozcan y acojan a alguna persona en esta condición, de modo relativamente permanente. Pese a que la habitabilidad de calle se relaciona con el abandono, según el censo, aproximadamente la mitad de esta población recibe algún tipo de apoyo de familiares, para su supervivencia. 

En el mismo sentido, la cobertura del apoyo institucional se estimó para una cuarta parte de la población y de las organizaciones religiosas en una quinta parte. También es frecuente que reciban ayudas de personas que consideran sus amigos, ya sea desde antes de vivir en la calle, o que encontraron cuando ya habían comenzado en esta situación. 

La enfermedad dental tiene una alta incidencia entre esta población, así como la hipertensión. Con menor frecuencia se reportan casos de otras enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. El consumo de sustancias afecta a la mayoría de la población, incluyendo diversas tipologías, que pueden ser utilizadas de modo simultáneo, según la disponibilidad que haya entre sus proveedores: marihuana, basuco, alcohol y compuestos de bebidas que se asemejen, inhalantes, píldoras. 

Los indicadores obtenidos por el censo fueron analizados por especialistas y por representantes institucionales de los sectores social y de salud. Los resultados se encontraron factibles, pero se discutió la posibilidad de un subregistro, dado que, para su momento, pues en todo el país, se identificaron cerca de 23.000 casos. 

En Bogotá, una medición de 2025 identificó una población de cerca de 10.500 personas que habitan la calle, lo que representa un aumento del 10% con relación a un estudio previo realizado en 2017 y tan solo un cambio del 8% en comparación con el censo. 

Dadas estas circunstancias y que las cifras pueden ser todavía mayores, se encuentra necesario que en la capital del país se fortalezcan las políticas preventivas y de intervención. Junto con Cali y Medellín, se estimó que estas tres capitales albergan aproximadamente al 77% de los habitantes de calle del país. 

Persiste la marginación y la estigmatización

A pesar que cada vez hay más habitantes de calle y que existen rutas de atención y reconocimiento de derechos, para muchas personas todavía hoy resulta inaudita la convivencia con estas personas. 

En el pensamiento colectivo continúa prevaleciendo la idea de que son “culpables” de su condición y de que, por tanto, de alguna forma merecen su suerte, o castigos peores, como la detención, el encierro y tratamientos en contra de su voluntad, con tal de “mantener las calles libres de mendigos”.  

En el pasado, la visión social sobre la habitabilidad de calle permitió que fueran unas de las principales víctimas de la práctica que se conoció como “limpieza social” mediante la cual se les quitaba la vida a causa de su condición, en la que fueron cayendo personas que no estaban relacionadas con ningún delito, y que eran reconocidas por los habitantes de los sectores en los que permanecían, como vecinos tranquilos, que no representaban riesgos para ellos.

Los habitantes de calle también suelen ser instrumentalizados por personas que les suministran algunos víveres o satisfacen su consumo problemático, para que sean objeto de delitos como parte activa o pasiva. También son amenazados y obligados a realizar ciertas tareas a cambio de permitirles permanecer en determinadas zonas. 

Integrantes de las organizaciones criminales los utilizan para entrenar a quienes van a cometer hechos de violencia, y como se trata de personas en condiciones de extrema pobreza, que no pueden acceder a los servicios del sistema judicial, la mayoría de las veces, los crímenes y abusos en su contra no son investigados, ni juzgados.  

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Considerando lo anterior, casi todos los habitantes de calle temen por su vida, en su cotidianidad. Censalmente se encontró que el 70% considera como un riesgo vital el abuso policial, mientras que el 32% siente que está amenazado por las condiciones establecidas por el crimen organizado que domina las zonas en las que se encuentran, así como un 16% teme por los conflictos que se puedan generar con las comunidades. 

Es frecuente que sean víctimas de insultos y expulsión de los lugares en los que quieren establecerse o incluso solo por transitar. Más de la mitad reporta haber recibido golpes y una cuarta parte, haber sufrido heridas con arma blanca. 

Entendiendo el origen de la situación

Aunque la habitabilidad de calle suele entenderse como una problemática urbana propia de las capitales y grandes ciudades, también se presenta en las zonas rurales del país y en sus pequeños poblados, pues no se trata de una condición territorial, sino de una situación que enfrentan las personas, más allá del lugar en el que se encuentran ubicadas.

Esta situación se caracteriza por el abandono, pero este tiene diferentes causas. Algunas personas se desubican y se pierden de sus familias, quienes los buscan, pero no pueden encontrarlos. Otros sencillamente no tienen familiares o grupos de apoyo que les puedan ayudar a nivel humano y material. 

También existen varios casos en que las personas provienen de familias disfuncionales en las cuales son más frecuentes los factores que motivan la desintegración familiar y el abandono, que la posibilidad de encontrar apoyos, como es el caso de los hogares en los que hay maltrato, abusos e incluso, incitación (ya sea directa o indirecta) al consumo de alcohol y otras sustancias. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos el apoyo familiar se va perdiendo con el paso del tiempo, pues los factores que inciden en la habitabilidad de calle, previamente, van afectando las relaciones interpersonales. Las familias no cuentan con bases suficientes para la prevención y tienen problemas para recibir orientación cuando la necesitan, ya sea por falta de acceso (como en el sistema de salud) o por la recomendación de apoyos informales, que no cuentan con el nivel profesional y experiencia para una atención apropiada. 

De acuerdo con esto, la habitabilidad de calle se puede entender como una problemática que no es exclusiva de la persona, sino que involucra su dimensión social: en primer lugar, la familia, pero también redes de apoyo, grupos de amigos y entorno social en el que vive. 

A nivel individual, en muchos casos prevalece la enfermedad mental. El consumo de sustancias psicoactivas puede ser un desencadenante, aunque también se presenta como resultado, es decir, que dicho consumo comienza cuando se ha llegado a la situación de calle. 

Al respecto es importante mencionar, que, si bien el consumo de sustancias no es una condición generalizable para el inicio de la vida en la calle, si lo es para poder salir de ella, pues la mayoría de los habitantes de calle expresan que la dependencia de las drogas no les permite intentar una vida diferente. La reincidencia también está asociada a esta situación. 

A pesar de la precariedad con la que viven, los habitantes de calle realizan actividades que les permiten generar algunos ingresos, como lo han identificado los estudios censales. La principal labor es la del reciclaje, seguida del cuidado de carros. Sin embargo, también es frecuente que dependan de las ayudas que piden a otras personas y de los encuentros esporádicos que tienen con sus familiares o amigos. 

Muchas de las personas habitantes de calle son muy jóvenes o muy mayores, evidenciando que se encuentran en esta situación, en etapas de la vida en las que el cuidado (en oposición al abandono) es un factor fundamental para rodear la persona y brindarle el apoyo necesario a nivel humano y material. 

En general, la mayor parte de los habitantes de calle son hombres entre los 30 y los 50 años, sobre todo entre la población que lleva más tiempo en esta condición. La participación de las mujeres es menor, pero crece con el paso del tiempo, esto incide en que algunos bebés nazcan en situación de calle. 

Por lo anterior, es pertinente la intervención de las instituciones oficiales, que pueden diagnosticar y dar seguimiento a los casos, así como dar acompañamiento a las familias, pero, ante todo, diseñar y ejecutar políticas preventivas en salud pública. 

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