Contraloría adviertió que «hay que fortalecer la garantía de derechos laborales»

La garantía de los derechos laborales fue tema principal en el Foro «Una mirada desde el control fiscal a la reforma laboral», organizado por la Contraloría General de la República el cual se suma a los eventos conmemorativos en el marco del centenario de esta entidad, generando espacios de conversación para contribuir a la garantía y fortalecimiento del control fiscal.

Este foro, contó con la Intervención del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien habló de la estrategia institucional de fortalecimiento para el control fiscal y la implementación de políticas públicas que se han realizado mediante estudios sectoriales, seguimiento a la agenda legislativa y análisis de planes y programas gubernamentales; con miras a que la inversión pública logre un mayor y mejor impacto en la población.

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Puntos importantes de los derechos laborales

La propuesta de la Reforma abarca puntos sustanciales tales como el aumento de la protección al empleado por nuevos procedimientos e indemnizaciones por despido, así como el incremento de otros beneficios a los trabajadores (jornada de trabajo, recargo dominical y festivo, licencia de paternidad).

En el seguimiento al Presupuesto General de la Nación, a través de los recursos asignados a las entidades que de acuerdo con la Resolución de Sectorización componen el Sector Trabajo, los cuales sumaron $30,6 billones en la vigencia 2022; así como a los recursos parafiscales por $68,2 billones, entre los que se destacan el aporte a pensiones, ARL, Cajas de Compensación Familiar y Juntas de Calificación de Invalidez tanto Regionales y Nacional. En total son $98,8 billones, los recursos administrados por 82 sujetos de control, vigilados por la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo.

Por otro lado la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), realizó un estudio relacionado con el manejo de los recursos públicos colocados en fiducias, del cual se concluyó que durante la vigencia de 2021 fueron administrados $128,6 billones representados en 3.241 negocios fiduciarios, de los cuales el 63% correspondió a pasivos y seguridad social.

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En relación con las actuaciones de la CGR adelantadas por el Sector Trabajo desde el 2020, luego de la reestructuración de la Delegada para dicho sector en virtud del Acto Legislativo 04 de 2019, al 2022 se han realizado 117 actuaciones de vigilancia y control fiscal a diversos sujetos de control como Administradoras de Fondos de Pensiones de Régimen de Ahorro Individual, ARL y Cajas de Compensación Familiar, mediante Auditorías, Actuaciones Especiales de Fiscalización y Seguimientos Permanentes a los recursos, auditando aproximadamente $255 billones de las últimas 3 vigencias fiscales.

En estos ejercicios fiscales se encontraron 1.010 hallazgos administrativos, entre ellos, 167 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $87.352 millones, 30 hallazgos con presunta incidencia penal trasladados a la Fiscalía General de la Nación y 525 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria trasladados a la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, 65 beneficios de control fiscal por $10.454 millones.

En el año 2020 a la fecha, se han iniciado 79 procesos de responsabilidad fiscal por $63.101 millones, los cuales en su gran mayoría se encuentran en trámite procesal, además de 105 indagaciones preliminares en curso por $60.302 millones.

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Entre los hechos más relevantes encontrados por la Contraloría General de la República, se destacan las deficiencias en la gestión y en el uso de los recursos públicos y parafiscales, en aspectos como, Un inadecuado seguimiento por parte de Colpensiones a los recursos utilizados en la constitución de títulos judiciales, que respaldan las sentencias y procesos de reconocimientos pensionales.

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También un inadecuado manejo por parte del Ministerio de Trabajo a la inversión de los recursos de la parafiscalidad correspondientes al Fondo de Riesgos Laborales, pues éstos durante el año 2021 estuvieron colocados a tasas por debajo del promedio de colocación.

Los derechos laborales con base a la Reforma

Debilidades del Fondo de Solidaridad Pensional adscrito al Ministerio de Trabajo, que administra los Programas de Colombia Mayor y de Subsidio al Aporte para Pensión, en cuanto al cumplimiento de sus funciones, infraestructura y recurso humano para la atención de las funciones que cumple.

Transferencia del 1% al Fondo de Riesgos Laborales del recaudo por cotización a cargo de los empleadores, por parte de las ARL, fuera de los tiempos establecidos. Valor de gastos de administración utilizados por algunas Cajas de Compensación Familiar superior al total de gastos máximos permitidos por la ley.

Uso de recursos de la parafiscalidad, por parte de algunas Cajas de Compensación Familiar, en actividades no incluidas en las permitidas por la ley.

Frente a las irregularidades encontradas el contralor aseguró, «observamos la necesidad fortalecer el Ministerio del Trabajo en su labor de vigilancia y control, para mejorar la garantía de derechos labores; ya que la entidad no cuenta, por ejemplo, con suficientes inspectores de trabajo para lograr efectividad en la fiscalización de las regulaciones. Según el estándar de la OIT, Colombia debería contar con 1.966 inspectores, hoy tiene sólo 904″.

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La Contraloría es insistente en desarrollar métodos a través de plataformas informáticas más robustas, que permitan implementar mejores controles a través de los contratos de manejo de los fondos con las fiduciarias, y poder realizar la contratación de las interventorías para realizar el control y vigilancia de dichos recursos.

Para dicha entidad también es necesario fortalecer la jurisdicción laboral, por ser la más congestionada entre todas las especialidades con el 59% de casos, seguida por la civil con 52%. Los procesos han crecido, mientras que el número de jueces se ha mantenido en 11 por cada 10.000 habitantes; muy por debajo de la media internacional de la OECD con 65 jueces por cada 10.000 habitantes.

Colprensa.

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