Trump exige 230 millones de dólares al gobierno que él mismo encabeza

El presidente Donald Trump ha solicitado al Departamento de Justicia (DOJ) —parte del gobierno que él mismo encabeza— el pago de 230 millones de dólares en compensación por los procesos judiciales que lo involucraron en delitos federales.

Las reclamaciones fueron presentadas como quejas administrativas en las que Trump alega que las investigaciones por la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y el allanamiento del FBI a su residencia en Mar-a-Lago en 2022 violaron sus derechos. El mandatario afirma que esos procesos dañaron su reputación y lo obligaron a gastar millones en defensa legal.

El hecho no tiene precedentes en la historia del país: un presidente que busca ser indemnizado por el mismo Estado que gobierna.

“En cierto modo me estoy demandando a mí mismo”

El propio mandatario reconoció la paradoja en declaraciones desde el Despacho Oval:

“Tengo una demanda que iba muy bien, y cuando me convertí en presidente, dije: en cierto modo me estoy demandando a mí mismo. No se ve muy bien que me demande a mí mismo, ¿no?”.

A pesar de esa admisión, Trump mantiene la solicitud y asegura que donaría cualquier pago “a la caridad”. Sin embargo, la posibilidad de que el dinero provenga del erario público ha desatado un debate ético sin precedentes: el jefe de Estado pretende cobrarle al presupuesto nacional una suma equivalente a los gastos de defensa que provocaron sus propios actos.

Sus antiguos abogados, hoy a cargo del caso

El conflicto se agrava porque los funcionarios que deben decidir sobre la solicitud fueron sus abogados defensores en el pasado. Entre ellos están Todd Blanche, actual fiscal general adjunto; Pam Bondi, fiscala general; y Kash Patel, director del FBI. Todos acompañaron a Trump durante sus procesos y hoy ocupan los cargos encargados de autorizar cualquier pago de este tipo.

De acuerdo con las normas internas del DOJ, todo acuerdo superior a cuatro millones de dólares requiere la firma del fiscal general adjunto o del asociado. En este caso, sería Blanche —antiguo abogado personal de Trump— quien podría avalar la transferencia.

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“El conflicto ético es tan obvio que no necesita explicación”, señaló Bennett Gershman, profesor de ética de la Universidad de Pace, consultado por The New York Times: “El presidente se demanda a sí mismo, y quienes decidirán si gana o no fueron sus abogados. Es casi demasiado absurdo para creerlo”.

Un proceso administrativo sin control externo

Las reclamaciones fueron radicadas mediante un Formulario Estandarizado 95, mecanismo que permite negociar indemnizaciones con el Estado sin acudir a tribunales federales. Si el Departamento no rechaza la petición o no se pronuncia en un plazo determinado, el caso puede resolverse de forma confidencial y sin registro público inmediato, según reveló el Times.

Esto implica que el presidente podría recibir fondos públicos sin una sentencia judicial ni supervisión independiente, ya que las decisiones recaen en sus propios subordinados.

Un conflicto ético sin precedentes

Analistas describen el episodio como el caso más grave de conflicto de intereses en la historia reciente de Estados Unidos. Trump no solo controla la institución que debe evaluar su reclamación, sino que además ha debilitado los mecanismos de control: en julio, la fiscala general Pam Bondi destituyó al principal asesor de ética del DOJ, dejando sin contrapeso las decisiones sobre estos procesos.

El presidente ha sido reacio a aceptar recusaciones. Ya en 2018 criticó a su entonces fiscal general Jeff Sessions por apartarse de la investigación sobre Rusia.

Si la compensación llegara a concretarse, Trump sería el primer presidente en la historia estadounidense en recibir dinero público como víctima de su propio gobierno. Más allá del monto, el caso pone a prueba los límites de la ética pública y el equilibrio entre poderes: un jefe de Estado que exige reparación al mismo sistema que debe fiscalizarlo.