Gobierno entregó $5.400 millones en indemnizaciones a víctimas del conflicto armado en La Guajira

Con dos jornadas realizadas en Riohacha y San Juan del Cesar, la Unidad para las Víctimas dio otro paso en el proceso de reparación individual en el departamento de La Guajira. Durante los encuentros se entregaron 490 cartas de indemnización a sobrevivientes del conflicto armado, las cuales priorizan a personas con discapacidad, enfermedades graves y adultos mayores.

El monto total de los recursos entregados asciende a $5.400 millones, dirigidos a víctimas residentes en Riohacha, Maicao, Manaure, Fonseca, Urumita y San Juan del Cesar. Según la Unidad para las Víctimas, esta inversión representa un avance significativo en la garantía de derechos para las comunidades guajiras más afectadas por la violencia.

Durante las jornadas, se contó con la articulación de las administraciones municipales, enlaces de víctimas y entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral. Esta colaboración permitió ofrecer orientación y acceso a rutas de atención para fortalecer los proyectos de vida de los beneficiarios, acorde con la Unidad.

El director territorial de la Unidad para las Víctimas en La Guajira y Cesar, Gustavo Benjumea Daza, afirmó que estas acciones ratifican el compromiso del Gobierno con la reparación integral: “Nuestro director general, Adith Romero Polanco, ha reafirmado su compromiso con las comunidades en la construcción de paz a través de la reparación”.

Álvaro Romero, uno de los beneficiarios en San Juan del Cesar, agradeció la entrega y destacó la importancia de una inversión responsable: “Aquí somos campesinos. Nos enseñaron a invertir bien para hacer producir nuestra tierrita y no malgastar el dinero”.

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A nueve años de la firma, así va la implementación de los acuerdos de paz en Colombia

A nueve años de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 en Colombia, se registran avances significativos en su implementación, como la activación del Programa de Protección Integral (PPI) regulado por el Decreto 0638 de 2025 para la protección de ex‐combatientes y sus familias, así como la ejecución de mínimos avances en seguridad para más de 11.000 firmantes.

En materia rural y de cultivos ilícitos, el país ha entregado más de 250.000 hectáreas de redistribución y adquirido 640.000 para el fondo de tierras; al mismo tiempo, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) firmó más de 56.000 planes de inversión, aunque sólo el 1,5 % de las familias ha recibido atención completa, lo que evidencia tanto avances como retos por cerrar.

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