Gobierno y disidencias Farc acuerdan desescalar el conflicto y avanzar en transformación territorial

Durante el séptimo ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz el grupo armado se comprometió a dejar de reclutar menores y permitirá la participación ciudadana para las elecciones de 2026.
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Gobierno y disidencias Farc acuerdan desescalar el conflicto y avanzar en transformación territorial
Foto: X: @ComisionadoPaz

Durante los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2025, en Campo Hermoso, San Vicente del Caguán, municipio del Caquetá, se desarrolló el séptimo ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte” y Frente “Comandante Raúl Reyes” de las FARC‑EP, proceso que culminó con varios acuerdos importantes.

Las delegaciones aprobaron un acuerdo especial de desescalamiento del conflicto con el fin de generar hechos y gestos de paz que mitiguen los impactos sobre la población civil, funcionarios públicos, firmantes de paz, fuerza pública e integrantes del EMBF FARC‑EP. Dentro de estas medidas, las disidencias Farc se comprometieron a implementar una política de no incorporación de menores de 18 años, mientras el Gobierno fortalecerá los programas de protección para niños, niñas y adolescentes en zonas afectadas por la violencia.

Avances en tierra, territorios, ciudadanía, elecciones y medio ambiente

Uno de los acuerdos alcanzados aborda tierra y transformación territorial, que promoverá el acceso a la tierra, la creación de Zonas de Reserva Campesina y el reconocimiento de los derechos de las comunidades. El acuerdo también integra lineamientos sobre hábitat y ordenamiento territorial rural y urbano.

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Otro punto aprobado se centra en ambiente, bioeconomía y revitalización de la selva, con compromisos para frenar la deforestación, avanzar en la sustitución de cultivos de coca y proteger los parques nacionales naturales. Asimismo, se aprobó un acuerdo para garantizar el libre ejercicio democrático en las elecciones de 2026, protegiendo el derecho de todos los partidos y candidatos a presentar sus propuestas ante la ciudadanía.

El ciclo también dejó la reactivación de la Comisión Jurídica Mixta, encargada de censar a las personas privadas de la libertad por razones del conflicto, evaluar su situación jurídica y de salud, y promover proyectos educativos y productivos amparados por la normativa penitenciaria.

Las partes pactaron medidas que aseguren la participación ciudadana en las actividades de la Mesa de Diálogos de Paz, así como acciones destinadas a fortalecer la credibilidad del proceso ante el país. También se definió la continuación de los diálogos con el objetivo de consolidar transformaciones territoriales que beneficien a las comunidades, en un marco de respeto a todas las expresiones políticas, culturales, religiosas y étnicas.

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Como parte de los avances, se aprobó un cronograma de visitas a las regiones con presencia del EMBF FARC‑EP para verificar la implementación de los acuerdos territoriales. El séptimo ciclo contó con la participación de delegados de Noruega, Irlanda, Suiza y Venezuela como países garantes, además de representantes del Secretario General de la ONU y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA).

La Mesa también abrió un espacio para que comunidades rurales y urbanas presentaran sus peticiones, dando respuesta a las solicitudes planteadas en San Juan de Lozada, Meta, al inicio del ciclo.

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