Presidente Gustavo Petro ordena copamiento militar en Bolívar

El presidente Gustavo Petro anunció que dispuso un operativo militar de copamiento en el municipio de Arenal del Sur, Bolívar, con el fin de recuperar el control territorial y garantizar el regreso seguro de la población desplazada. En su mensaje, el mandatario puntualizó: “El ELN mandó desalojar las veredas de San Agustín y Santodomingo, en Arenal, Bolívar. Previo trabajo de detección de minas y trampas ordeno al ejército copar el territorio. No puede haber terreno vedado ni para el ejército, ni para el pueblo de Colombia”.

La decisión del Ejecutivo se da tras el desplazamiento de al menos 500 familias ocurrido entre el 2 y el 4 de septiembre, cuando habitantes de las veredas San Agustín y Santo Domingo —también conocida como Minaproyecto— abandonaron sus casas ante la amenaza de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Las familias se refugiaron en el casco urbano de Arenal del Sur, donde la Alcaldía habilitó albergues temporales en el Polideportivo y en el parque Santa Rosa.

Un mes de crisis humanitaria en el sur de Bolívar

Los desplazamientos recientes son la consecuencia de una escalada de violencia que ya completa más de un mes. El 4 de agosto, la Defensoría del Pueblo alertó que más de 7.000 familias estaban confinadas en municipios como Montecristo, Arenal, Cantagallo y Santa Rosa, sin acceso a alimentos ni combustible, por cuenta de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.

En ese mismo periodo se registraron ataques contra la Fuerza Pública, incluido un dron cargado con explosivos que dejó seis militares heridos y un soldado muerto. La Gobernación de Bolívar advirtió entonces que sus capacidades estaban desbordadas y pidió apoyo del Gobierno nacional para atender a las comunidades.

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Un éxodo que escapa de las balas

A comienzos de septiembre, la presión de los grupos armados se concentró en Arenal del Sur. Testimonios de la población indican que el Clan del Golfo restringía la movilidad en la zona y que, posteriormente, el ELN ordenó el desalojo bajo la amenaza de choques armados. El resultado fue el éxodo de unas 500 familias, muchas de ellas caminando hasta el casco urbano.

La Alcaldía y la Personería municipal advirtieron que la magnitud de la emergencia supera sus capacidades y solicitaron refuerzos inmediatos. En los albergues se brinda atención en alimentación, salud y apoyo psicosocial, pero la administración local insistió en que se requiere un esfuerzo mayor del Gobierno nacional.

Respuesta del Gobierno nacional

El Ministerio de Defensa aseguró que las Fuerzas Militares permanecerán en el sur de Bolívar con operaciones ofensivas y de control territorial para garantizar la seguridad de la población. El pasado mes de agosto, cuando empezó la confrontación, el ministro de defensa Pedro Sánchez explicó que estos grupos buscaban “desabastecer y aislar a la población para avanzar en su avaricia criminal de control ilegal de la minería”.

Las economías ilegales, como la minería, han permitido que algunas organizaciones criminales consoliden su poder local. Sin embargo, sus rivales en armas acechan esperando la oportunidad de ascender concentrando enormes negocios que carecen de control desde el Estado. Tal es la cantidad de dinero que se mueve bajo estas estructuras, que iniciar una guerra brutal no les representa ningún inconveniente. La Fuerza Pública está actuando con oportunidad para contrarrestar cualquier reacción.