El presidente Gustavo Petro respaldó la postura del ministro de minas y energía, Edwin Palma, quien advirtió que las empresas de generación eléctrica no han presentado propuestas nuevas para resolver la crisis, especialmente en el tema tarifario.
Presidente Petro afirmó que las tarifas de energía eléctrica bajarán de forma estructural desde 2027
Publicado:
06 de Noviembre 2025, 7:44 PM
El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este miércoles que todas las empresas públicas de generación eléctrica adoptarán el nuevo modelo tarifario propuesto por el Gobierno, el cual entrará en vigencia a partir del año 2027. Según explicó el jefe de Estado, la medida permitirá una reducción estructural de las tarifas de generación de energía.
“Todas las empresas de generación eléctrica públicas aceptarán la nueva fórmula tarifaria que empieza a regir en el 2027 y que bajará de manera estructural las tarifas de generación para cumplir con la constitución nacional: las tarifas deben estar referidas a sus costos de generación”, señaló el mandatario en su cuenta oficial en la red social X.
El anuncio coincide con una nueva controversia entre el Gobierno y los principales gremios del sector energético, que esta semana enviaron una carta conjunta al Congreso y al Ministerio de Minas y Energía expresando reparos frente al proyecto de ley 432 de 2025, que busca establecer una “regulación justa” del sistema eléctrico y de gas combustible.
Todas las empresas de generación eléctrica públicas aceptarán la nueva fórmula tarifaria que empieza a regir en el 2027 y que bajará de manera estructural las tarifas de generación para cumplir con la constitución nacional: las tarifas deben estar referidas a sus costos de… https://t.co/dcLdJRSloI
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 6, 2025
Gremios piden suspender la reforma y advierten riesgo de alza en tarifas
La misiva, firmada por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, ACP, ACCE, Agremgas, GASNOVA, ANDI, Asoenergía, CEEA y otras asociaciones del sector, alerta que la propuesta legislativa “no conduce a una reducción tarifaria” y podría, en cambio, generar aumentos en las facturas de los usuarios y poner en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico.
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Los gremios expresaron preocupación por la situación financiera de las empresas comercializadoras, que acumulan deudas por más de $6 billones, de los cuales un 68 % corresponde a obligaciones del Estado por subsidios no pagados.
En su lugar, proponen cinco acciones prioritarias:
- Asegurar los recursos para el pago de subsidios.
- Cumplir los compromisos asumidos por el Gobierno en 2024 sobre saldos tarifarios.
- Resolver la crisis del operador Air-e en la región Caribe.
- Realizar estudios técnicos independientes antes de tramitar reformas estructurales.
- Garantizar la ejecución de proyectos energéticos estratégicos.
La propuesta no tiene nada nuevo: Ministro Palma
Desde el Gobierno, la respuesta llegó por parte del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien aseguró que la carta de los gremios “no contiene nada nuevo” y reiteró su voluntad de debatir el articulado en el Congreso. “Llevan años estudiando lo mismo y aún no tienen propuestas, ni para un tema por sencillo que parezca”, afirmó el ministro, quien también anunció que pedirá al Ministerio del Interior que la iniciativa sea tramitada con mensaje de urgencia.
Palma defendió la iniciativa como una apuesta por la equidad tarifaria y afirmó que algunos gremios se oponen al proyecto por intereses corporativos. “Aquí hay solidaridad de clase, solidaridad de gremio. Los une la oposición al Gobierno, aunque en silencio varios reconocen nuestras iniciativas”, escribió el funcionario en X.
El congreso es el escenario donde queremos dar estos debates y alimentar el cuerpo del texto.
Ahora piden un estudio que dure 6 meses y llevan años estudiando y estudiando lo mismo y aún no tienen propuestas, no han presentado una sola, ni para un tema por sencillo que parezca.… https://t.co/vBnEtE4CNn— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) November 6, 2025
¿Qué está en juego?
La propuesta del Ejecutivo incluye solo 14 artículos y busca modificar la estructura tarifaria para que los precios de la energía estén más ligados a los costos reales de generación. El Gobierno sostiene que esta medida es necesaria para reducir las cargas en los hogares más vulnerables, garantizar la sostenibilidad del sistema y asegurar un servicio eficiente en todo el país.
El proyecto ya cuenta con una ponencia para primer debate, y el Congreso se prepara para una discusión que pondrá sobre la mesa las tensiones entre sostenibilidad financiera, equidad tarifaria y seguridad energética.
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