“Es la reforma agraria más grande del mundo, de eso saldremos orgullosos de este Gobierno”: presidente Petro

Desde San Andrés de Sotavento, Córdoba, el presidente Gustavo Petro encabezó la entrega de 466 hectáreas de tierra al resguardo indígena Zenú y enmarcó el acto como parte de un proceso mucho más amplio: “la reforma agraria más grande del mundo”, de la cual — agregó — será uno de los motivos por los que “saldremos orgullosos de este Gobierno”.

El mandatario recordó que la política de tierras ha sido uno de los ejes de su proyecto desde la campaña electoral: “Son dos aspectos que hemos repasado durante estos tres años: la repartición de tierras, en lo que llamamos la reforma agraria que implica la defensa de la tierra para los indígenas y las comunidades étnicas y la tierra para el campesinado en general”. Para el jefe de Estado, la democratización del acceso a la tierra no es solo una promesa política, sino condición básica para una democracia real.

El mandatario subrayó que, durante décadas, la tierra fértil fue “concentrada violentamente en la mayor parte del país” y calificó ese proceso como “uno de los delitos de lesa humanidad”, al recordar que la masacre, el genocidio y el desplazamiento masivo tuvieron como objetivo “la concentración de la riqueza y la base misma para producir, que es la tierra fértil”. Millones de hectáreas, insistió, aún no regresan a manos del campesinado, pese a los compromisos del Estado con las víctimas.

En ese contexto, el Presidente anunció que se hará un balance final con la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales, para evaluar la “bolsa de tierras” construida a partir de restitución, extinción de dominio y compras directas. Aclaró que esa tierra “se tiene que entregar al campesinado y no puede quedarse en el Estado”, y pidió mayor eficiencia en los procesos de escrituración para que la reforma no se quede en el papel.

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Parapolítica, acaparamiento de baldíos y “ladrones de la tierra que se sentaban en la Casa de Nariño”

El jefe de Estado reveló que la Agencia Nacional de Tierras ha identificado un “enorme proceso de acaparamiento de tierras baldías que pertenecen a la Nación en manos de congresistas de la República”. Citando cifras que han circulado en la prensa, afirmó que “30 % de los congresistas son acaparadores de tierras”, porcentaje que “casi coincide con el 35 % de senadores que salieron presos en la época de la parapolítica con mis denuncias”.

A partir de esa coincidencia, el mandatario planteó una lectura de fondo: “Podríamos deducir que la alianza entre las familias políticas con el paramilitarismo tuvo como objetivo, antes que nada, quitarle la tierra al campesinado en sus regiones. El mismo número de congresistas resulta ser el mismo número de aliados del paramilitarismo”. En su relato, el despojo no fue un efecto colateral de la guerra, sino el propósito central de una alianza entre estructuras armadas y élites regionales.

Petro describió a esos grupos como “ladrones de la tierra que se sentaban en la Casa de Nariño”, y los señaló de ir “despojando violentamente a los campesinos para entregar la tierra a poderosos poderes regionales”. Esa red de intereses, afirmó, explica por qué la restitución ha sido lenta y por qué muchas tierras recuperadas terminaron de nuevo en manos de políticos locales.

El caso Guaymaral, Bernie Moreno y la “historia de la riqueza en Colombia”

En su intervención, el presidente volvió sobre un caso que ha mencionado en otras ocasiones: la hacienda Guaymaral. Recordó que esa tierra terminó vinculada al fundador del paramilitarismo Ángel Gaitán Mahecha y que, según sus denuncias, por decisiones tomadas durante el gobierno de Andrés Pastrana terminó en manos de la esposa del expresidente, la esposa del ministro de Relaciones Exteriores, el director de Planeación Nacional y el entonces ministro de Desarrollo y jefe de campaña, Luis Alberto Moreno.

El mandatario sostuvo que, tras esa operación, el valor de la tierra se “infló” hasta niveles que convirtieron a los nuevos propietarios en millonarios. Añadió que, aunque en el año 2000 estaba prohibido urbanizar ciertos suelos, “hoy pasé por ahí y ya había la urbanización de uno solo con edificios. Estaba prohibido en el año 2000, le permitieron hacer edificios; es decir que el metro cuadrado vale muchísimo más”.

Además, remató esa historia con un nombre propio que conecta la política interna con las presiones externas actuales: “Y adivinen quién es el dueño de la constructora: el hermano de Bernie Moreno, que me tiene en ascuas en Estados Unidos, hablando mentiras de mí ante el presidente Trump”. A juicio del Presidente, este caso sintetiza “la historia de la riqueza en Colombia: el usufructo de los bienes del Estado para apropiárselo una pequeña cantidad de familias y quitarle a la mayoría del pueblo colombiano su derecho a usufructuar su propio territorio, la riqueza nacional”.

Voto, mafias y captura del Estado: “el pobre que vote por el megarico está votando por su verdugo”

El jefe de Estado insistió en que cambiar esa historia pasa por la organización política y por el voto informado. “Esa es la historia que se quiere cambiar y es posible a través del voto”, afirmó, y subrayó la necesidad de una ciudadanía consciente: “Por eso, crear la conciencia popular es fundamental: porque el pobre que vote por el megarico está votando por su verdugo, por el que próximamente lo va a echar de su propia tierra”.

El Presidente reveló que recomendó al comandante de la Policía Nacional y al comandante de la Policía de Córdoba que la “orden primera” para los meses que vienen es perseguir a quienes compran votos. Fue explícito al vincular ese fenómeno con las estructuras criminales: “Quienes compran los votos son la mafia. Así de simple. Es el mecanismo por el cual las mafias se apropian del Estado. Y si se apropian del Estado, Colombia no es democrática, no le pertenece a su ciudadanía”.

El mandatario advirtió que la Policía no puede “mirar hacia otro lado” cuando las mafias compran votos y que la lucha contra esa práctica es tan importante como la redistribución de la tierra para recuperar la soberanía democrática.

Tierras de los paramilitares, reparación y un segundo despojo

El presidente también se detuvo en el destino de las tierras entregadas por los jefes paramilitares en sus procesos de justicia y paz. Recordó que su propia investigación sobre la parapolítica terminó mostrando que “el 35 % del Senado y el 15 % de la Cámara de Representantes eran políticos del paramilitarismo”, y que en esos procesos judiciales los comandantes de esas estructuras entregaron haciendas y predios para reparar a las víctimas.

Sin embargo, explicó que una sentencia posterior cambió las reglas del juego: ordenó que la reparación fuera en dinero y no en tierra. Eso obligó a la Unidad de Víctimas a vender las tierras entregadas, lo que abrió la puerta a un nuevo despojo: “En el proceso nos dimos cuenta que otra vez habían robado al pueblo, no importó la justicia. La tierra que entregaron los paramilitares a la Fiscalía fue hurtada y entregada de nuevo a testaferros de los paramilitares y/o políticos de la región”.

Afirmó que “la clase política se apoderó de la tierra que la clase política le había quitado al campesinado a la fuerza” y hoy, cuando el Estado va a buscarlas para cumplir con la reparación, “tienen dueños, no es tierra en manos del Estado. Y cuando se averigua los dueños resulta que es un alcalde, un concejal o un congresista”. El Presidente advirtió que estas investigaciones “tienen que ser llevadas hasta el final”.

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Un millón de hectáreas en marcha y la meta de 3 millones para el campesinado

Tras la firma del decreto más reciente, el presidente Petro anunció que se comprarán 150.000 hectáreas adicionales de tierra y que la Unidad de Víctimas podrá repartir otras 150.000 hectáreas de acuerdo con sus listados. De esta manera, sumado a las 750 mil hectáreas que posee el Gobierno en la bolsa, el país se aproximaría al millón de hectáreas que, según el presidente, ya están en proceso de ser devueltas al campesinado y a las víctimas.

“Es la reforma agraria más grande del mundo, de eso saldremos orgullosos de este Gobierno”, afirmó. Recalcó que existe una obligación del Estado de entregar 3 millones de hectáreas al campesinado y que su administración asumió “la parte difícil”: abrir la vía jurídica para hacerlo posible. Al siguiente gobierno, dijo, le corresponderá entregar 2 millones de hectáreas adicionales.

El mandatario insistió, además, en que esta no puede ser tierra para profundizar la ganadería extensiva: “Esto no puede ser tierra para tener dos vacas por hectárea. Para generar riqueza tiene que haber campesinos agrarios”. Subrayó que en Córdoba “cultivar es fundamental, porque nos dará la riqueza y los puestos de trabajo”.

Cierre: tierra, democracia y memoria histórica

La entrega de tierras al resguardo indígena Zenú fue presentada por el presidente Gustavo Petro como mucho más que un acto de gobierno aislado: es, en su propia narrativa, un capítulo de una disputa histórica por la tierra en Colombia, que conecta el despojo paramilitar, la corrupción de élites políticas, la compra de votos y la falta de reparación efectiva a las víctimas.

El mandatario hiló esa historia en una sola línea: desmontar la captura mafiosa del Estado, devolver la tierra a quienes la trabajan, y avanzar hacia una reforma agraria que no solo modifique el mapa rural, sino que redefina quién tiene derecho a decidir sobre el futuro del país. Según sus palabras, de ese proceso —y de su alcance real en hectáreas, en víctimas reparadas y en poder redistribuido— dependerá que Colombia pueda decir algún día que hizo, efectivamente, la reforma agraria más grande del mundo.