“Suspender un sistema preventivo es ir contra la vida humana”: presidente Petro al Consejo de Estado
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 858, expedido por el Gobierno Nacional para implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. La medida cautelar, solicitada por el congresista del Centro Democrático Andrés Forero, fue acogida por la Sección Primera del alto tribunal, que consideró que "el decreto podría haber invadido competencias exclusivas del Congreso". Esta postura jurídica va en contravía de un modelo que en su tiempo de implementación redujo la mortalidad infanfil y perinatal a niveles históricos.
El decreto propone una reorganización territorial del sistema de salud, la creación de Centros de Atención Primaria (CAPS), y una redefinición del rol de las EPS como gestoras de aseguramiento. Para el Consejo de Estado, estas modificaciones estructurales requerían trámite legislativo, y no podían ser implementadas por vía reglamentaria. Sin embargo, la urgencia por enfrentar la crisis, ante la negativa de la oposición para aprobar la reforma a la salud, llevó al presidente Petro a buscar salidas garantizar una prestación digna para la mayoría de los colombianos.
La magistrada Nubia Margoth Peña, ponente del fallo, argumentó que el Ejecutivo no puede regular integralmente el modelo de seguridad social en salud sin una ley estatutaria. Lo que devuelve a Colombia a una situación de incertidumbre enfrentando las mismas falencias del sistema cuyas denuncias se convirtieron en la agenda prioritaria de Gustavo Petro cuando fue electo Presidente. La suspensión, aunque provisional, detiene la implementación de un modelo que el Gobierno considera esencial para garantizar el derecho fundamental a la salud.
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“La ley ordena un sistema preventivo para Colombia”: presidente Petro
La respuesta del presidente Gustavo Petro fue inmediata. En una declaración publicada en su cuenta de X, afirmó que “suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana”, y defendió el decreto como una herramienta legítima para cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud.
Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana
La ley ordena un sistema preventivo para Colombia https://t.co/MtkEbMwqHu— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 23, 2025
Además, el Presidente ha sostenido que el modelo preventivo no sustituye al Congreso, sino que desarrolla principios ya consagrados en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Por lo tanto, el fallo judicial desconoce la urgencia de transformar un sistema que ha fallado en proteger a millones de colombianos, especialmente en zonas rurales y periféricas.
El presidente ha reiterado que la salud no puede seguir siendo un negocio, y ha dicho que el Estado tiene la obligación de actuar con celeridad para proteger la vida. En este contexto, el decreto representa una respuesta institucional a una crisis estructural que no admite dilaciones.
Una apuesta por la equidad territorial en salud
El Decreto 858 propone una arquitectura sanitaria centrada en la prevención, con énfasis en la atención primaria y la territorialización del sistema. Los CAPS, concebidos como nodos de atención comunitaria, buscan acercar los servicios médicos a las poblaciones históricamente excluidas, superando la fragmentación y la intermediación financiera que caracteriza al modelo actual.
Además, el decreto plantea la conformación de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que reorganizan la prestación de servicios en función de las necesidades locales. Esta reconfiguración implica una mayor participación de las entidades territoriales en la planeación y ejecución de políticas sanitarias.
Para el Gobierno, estas medidas no solo son técnicas, sino profundamente éticas. La salud, como derecho fundamental, exige un modelo que priorice la prevención, la equidad y la dignidad. La suspensión del decreto, en ese sentido, representa un obstáculo para avanzar hacia un sistema más justo y eficaz.
El Congreso, escenario clave para la reforma estructural
Con el decreto suspendido, el Congreso se convierte en el epicentro del debate sobre la reforma a la salud. La iniciativa legislativa que cursa actualmente recoge todos los elementos del modelo preventivo, lo que abre la posibilidad de que las transformaciones propuestas por el Ejecutivo sean retomadas por vía legal.
Sin embargo, el ambiente político es complejo. La oposición no ha cedido en su voluntad de defender el modelo centrado en las dinámicas del mercado, que cuenta con el lobby de grandes capitales que dominan las EPS, mientras que el Gobierno insiste en que el modelo preventivo es una necesidad impostergable. En este contexto, la construcción de consensos será determinante para evitar que el sistema colapse, pero los analistas no ven una posibilidad cercana en el Congreso.
La ciudadanía, por su parte y siendo la directa afectada, observa con preocupación cómo se posterga una reforma que prometía acercar la salud a los territorios, dignificar la atención y reducir la intermediación financiera. La suspensión del decreto no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también humanas: cada día sin un modelo preventivo es un día más de exclusión para millones de colombianos.
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El derecho a la salud como principio rector del Estado
La historia del sistema de salud colombiano ha estado marcada por la desigualdad, la intermediación y la precarización. El modelo preventivo suspendido representa una ruptura con ese pasado, una apuesta por la equidad territorial y la dignificación del servicio público.
Su destino dependerá de la voluntad política del Congreso, pero también de la presión ciudadana por un sistema que no excluya, no discrimine y no se rinda ante los intereses privados.