La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y la actual mayoría del Congreso volvió a escalar este viernes, luego de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, señalara que la nueva consulta popular radicada por el Gobierno Nacional “tiene muchos vicios” y que “contiene las mismas 12 preguntas que ya fueron negadas”. Aunque Cepeda sostuvo que el Congreso deberá tramitarla conforme a la ley, advirtió que será la Corte quien defina su validez.
Desde su cuenta en X, el presidente Petro reaccionó contundentemente: “El Senado de la República tiene 30 días para dar concepto favorable a la Consulta Popular. La anterior no ha sido negada. Por hacer trampa se cometen errores inmensos. Nos preparamos para la Consulta Popular”.
El senado de la República tiene 30 dias para dar concepto favorable a la consulta popular.
La anterior no ha sido negada.
Por hacer tranpa se cometen errores inmensos. Nos preparamos oara la Consulta Popular https://t.co/P75AgKYiTI— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 23, 2025
Contrario a lo afirmado por Cepeda, el Gobierno ha defendido que la primera consulta nunca fue votada en la plenaria del Senado, puesto que la legitimidad del proceso que surtió en el Congreso, estuvo marcada por procedimientos irregulares en la votación además de la poca discusión que hubo sobre la misma. Frente a esto, el Presidente ha reiterado que la movilización ciudadana y los cabildos abiertos son el respaldo legítimo para insistir en una herramienta constitucional que permita darle la voz al pueblo frente al bloqueo parlamentario.
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La nueva consulta radicada amplía el número de preguntas de 12 a 16, incluyendo ahora aspectos del sistema de salud. Aunque sectores de la oposición intentan deslegitimarla por vía jurídica, el Presidente mantiene su apuesta por el poder constituyente como vía para destrabar las reformas estructurales que han sido frenadas en el Congreso por mayorías adversas, que no representan el mandato popular expresado en las urnas.
Reforma laboral: entre acuerdos tácticos y maniobras dilatorias
En medio de este pulso político, la reforma laboral resucitada vía apelación avanza con dificultades en el Senado. Este jueves debía radicarse la ponencia para su tercer debate en la Comisión Cuarta, pero la diligencia fue aplazada para el próximo lunes. La razón oficial: correcciones de última hora y calamidades domésticas de dos congresistas.
Aunque desde la célula legislativa se asegura que los tiempos aún permiten aprobar la reforma antes del 20 de junio —fecha límite para que no se hunda por vencimiento de legislatura—, cada aplazamiento comprime el margen de acción del Gobierno. El presidente ya ha advertido que esta estrategia de demorar, diluir o engavetar las reformas sociales forma parte de una lógica política que desconoce el mandato popular.
🏛️📃 El texto de la ponencia de la reforma laboral quedó listo en la noche de este jueves. Sin embargo, los senadores que la redactaron se tomarán el fin de semana para tomar un repaso y presentarla hasta el lunes al mediodía.
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Dado que solo Aida Avella pertenece a la bancada de Gobierno en esa comisión, las expectativas no son las mejores. Los más escépticos señalan que con la resurrección viene hecha la trampa: dejarla morir por tiempo o recortarla al punto de que no reforme nada. Esa es la premonición que va ganando hasta ahora.
Mayorías volátiles y reformas en riesgo
Aunque en el papel la Comisión Cuarta parece adversa al Gobierno, en la práctica las cuentas son más equilibradas, con sectores del Partido Liberal, la U, ADA y conservadores afines al Ejecutivo respaldando partes del articulado. La senadora Angélica Lozano, aunque distante del Gobierno, ha reconocido avances en los acuerdos. Sin embargo, el riesgo no está solo en los votos, sino en la táctica de agotar el tiempo reglamentario.
A esto se suma un factor estructural: la intención de la derecha de bloquear todas las reformas progresistas, ya sea en el Congreso o en las cortes. La advertencia del presidente Petro ha sido clara: si la institucionalidad es usada como arma cuyo fin es crear un obstáculo sistemático para el cambio, será la ciudadanía organizada quien deberá asumir la iniciativa.
La consulta como horizonte democrático
En este escenario, la consulta popular se convierte en un símbolo de confrontación entre dos modelos de país. Uno que quiere prolongar el régimen de privilegios construido con base en reformas regresivas como la Ley 789 de 2002 que le quitó derechos a los trabajadores colombianos durante el gobierno de Álvaro Uribe; y otro que apuesta por un nuevo pacto social centrado en la dignidad de quienes generan la riqueza de Colombia, para garantizar los derechos colectivos y la justicia territorial.
El presidente Petro ha reafirmado que la democracia no se limita al Congreso y que el pueblo tiene derecho a pronunciarse directamente sobre las reformas que la élite política insiste en bloquear. “Nos preparamos para la Consulta Popular”, insistió. La frase es el clamor popular que exige que su voz no será ignorada ni silenciada.
