El gobierno adquirió compromisos sociales y educativos para restablecer derechos básicos y reforzar la presencia institucional en una región históricamente golpeada por el conflicto armado.
Estas declaraciones surgen tras denuncias documentadas sobre las condiciones inhumanas de las deportaciones, donde los migrantes son sometidos a esposas y grilletes, en un trato comparable al de criminales.