Día de la Madre: avances en derechos laborales y rurales para ellas
Aunque Colombia todavía enfrenta grandes retos para garantizar un reconocimiento social y económico digno para las madres y mujeres que ejercen labores de cuidado, en los últimos años se han impulsado avances importantes para visibilizar, reconocer y proteger este trabajo históricamente invisibilizado.
Los derechos laborales y rurales de las madres han evolucionado desde una protección limitada a comienzos del siglo XX hacia un reconocimiento más integral como trabajadoras y sujetas de derechos, con avances significativos impulsados entre 2024 y 2026.
Los avances históricos en los derechos laborales y rurales de las madres en Colombia
Reconocer el trabajo de cuidado no implica únicamente otorgar apoyos económicos, sino transformar una estructura histórica que ha descargado de manera desproporcionada estas responsabilidades sobre las mujeres.
Sin embargo, Colombia ha registrado avances históricos desde mediados del siglo XX hasta la actualidad en materia de derechos laborales y rurales de las madres, así como en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en general, incluyendo conquistas fundamentales como la garantía del derecho al voto.
Casi a mediados del siglo XX, en 1935, se estableció en Colombia la primera regulación sobre licencia de maternidad, que contemplaba seis semanas y aplicaba para mujeres empleadas en empresas con más de 100 trabajadores.
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Posteriormente, en 1938, se consagró la licencia remunerada de ocho semanas, la prohibición del despido por embarazo o lactancia y una indemnización equivalente a 90 días de salario en caso de despido injustificado.
Durante las siguientes décadas del siglo XX se expidió el Código Sustantivo del Trabajo (CST) en 1950, que unificó los derechos y deberes laborales en el país.
Además, la incorporación de la píldora anticonceptiva en las políticas de salud permitió avanzar en la planificación familiar y en una mayor autonomía laboral y económica para las mujeres.
Más adelante, en 1991, la nueva Constitución Política reconoció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y ordenó una especial protección a la maternidad y a las mujeres cabeza de hogar.
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Reconocimiento rural y de género en la primera década del siglo XXI (2000-2010)
En los últimos 26 años, Colombia ha fortalecido los derechos laborales y rurales de las mujeres. En 2002, mediante la Ley 731 de Mujer Rural, se impulsaron medidas para mejorar la calidad de vida de las mujeres campesinas, facilitando el acceso a tierras, créditos, asistencia técnica y programas productivos.
El año 2003 también marcó un avance importante con la expedición de la Ley 823, que estableció el marco institucional para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad de género para las mujeres tanto en el ámbito público como privado.
Estos avances se reforzaron con la Ley 1257 de 2008, orientada a sensibilizar, prevenir y sancionar las diferentes formas de violencia y discriminación contra las mujeres, incluyendo aquellas relacionadas con la violencia económica y laboral.
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Segunda década del siglo XXI, Ley de Victimas y Sistema Nacional de Cuidado
Esta década, clave para la construcción de la paz en Colombia, inició en 2011 con la aprobación de la Ley de Víctimas, que incorporó medidas especiales de protección para mujeres rurales y madres afectadas por el conflicto armado.
Ese mismo año, la Ley 1468 amplió la licencia de maternidad a 14 semanas, avance que posteriormente fue fortalecido con la Ley 1822 de 2017, que la extendió a 18 semanas remuneradas.
Entre 2023 y 2025, Colombia impulsó políticas para reconocer el trabajo de cuidado como un aporte fundamental para la economía.
En ese periodo comenzó la formalización laboral de madres comunitarias del ICBF, vinculando a más de 2.300 mujeres como trabajadoras oficiales con acceso progresivo a salario y seguridad social.
Asimismo, en 2025 el país oficializó el Sistema Nacional de Cuidado mediante el CONPES 4143 y aprobó la Ley 2462, enfocada en mujeres rurales, campesinas y pescadoras.
Desde 2026, además, inició la reducción gradual de semanas de cotización para mujeres, reconociendo las interrupciones laborales derivadas de la maternidad y las labores de cuidado.
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