Avanza el cumplimiento de la agenda nacional por la conservación de áreas estratégicas naturales colombianas

Desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha llevado a cabo acciones de fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la sostenibilidad de los ecosistemas estratégicos del país.

En este marco, el Ministerio aumentó en un 30% el área protegida de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tras esta decisión, en la actualidad se avanza el cumplimiento de los compromisos con la recuperación y la conservación del patrimonio ambiental del país, que son considerados dentro del Plan Nacional de Desarrollo como “activos de la humanidad”. Hoy día, más del 35% del territorio nacional es área protegida.

El trabajo adelantado en la Sierra Nevada de Santa Marta articula bases legales, contribuciones técnicas ambientales y participación comunitaria incidente

Teniendo en cuenta que la actual política pública se articula alrededor del territorio, en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ambientalistas, profesionales del área, habitantes de los municipios de la región y especialmente, las cuatro comunidades étnicas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, se está avanzando en la implementación de acciones para su conservación, en el área delimitada mediante los instrumentos legales de reconocimiento del lugar.

Los pueblos indígenas que han sido protagonistas tanto en la gestión de las normas para la protección, como en las acciones afirmativas en el territorio, son las comunidades Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.

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Las acciones se desarrollan en el marco de la vigencia de las Resoluciones 136 de 2023 y 363 de 2024 que comprenden la ampliación del área protegida para este ecosistema estratégico de la Región Caribe. También se considera el Plan de Manejo del Parque 2020-2025, los Planes de Desarrollo Departamentales de Magdalena, Cesar y La Guajira, así como los Planes de Desarrollo Locales de los municipios que hacen parte de región.

Tras concretar la ampliación, en la actualidad, se avanza en el proceso de “restauración ecológica” que implica acciones específicas frente a los recursos naturales que deben restaurarse y protegerse, así como pedagogía y fortalecimiento de la participación social comunitaria, mediante estrategias de diálogo social. Así las cosas, los diferentes instrumentos de planificación y el trabajo directo en el territorio, han sido producto de la concertación.

El gobierno nacional se ha comprometido con la protección de los glaciares y de la riqueza de la biodiversidad del país

El objetivo de la ampliación del área de protección ha sido preservar el patrimonio natural, social y cultural, por lo que la decisión no es simplemente de tipo espacial, para aislar posibles factores incidentes en la calidad ambiental de la zona, sino que ha significado diferentes esfuerzos institucionales para integrar a la población dentro y alrededor del territorio, para el cumplimiento de este propósito.

Los esfuerzos se están enfocando principalmente en el cuidado del agua, la sostenibilidad de la vida de los pueblos y la protección contra la deforestación, la minería y en general, las actividades extractivas y de explotación de recursos naturales.

El tema del agua es fundamental, en el marco general de los componentes del Plan Nacional de Desarrollo y en el específico de la región, en su condición de estrella hidrográfica, en la que nacen más de 35 ríos y quebradas indispensables para el abastecimiento de este recurso en El Caribe colombiano, dado que en la Sierra se generan fuentes hídricas desde los glaciares y los páramos que se ubican en las partes más altas, las cuales surten las aguas corrientes, dentro de las que se destacan los ríos Guatapurí, Palomino, Manzanares y Aracataca.

El relieve colombiano permite que el país cuente con importantes glaciares a pesar de estar ubicado en la zona tropical del planeta, como sucede en la Sierra Nevada. Sin embargo, las condiciones específicas de estas áreas las hacen particularmente frágiles y vulnerables al cambio climático. Se estima que las nieves perpetuas cubren poco más de 5 kilómetros, evidenciando una acelerada pérdida de la capa de hielo en los últimos años. Por esto, el gobierno nacional ha puesto especial atención a la recuperación del medio ambiente en la zona.

Igualmente, la política pública ha tenido en cuenta la importancia de este ecosistema por su biodiversidad. Es un Parque Nacional Natural desde septiembre de 1964 y fue declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad en 1979. También ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ámbito Nacional mediante la Resolución 3760 de 2017.

Aunque se considera un sistema montañoso independiente, se ubica al norte de la Cordillera Oriental colombiana, entre la depresión del bajo Magdalena y sus afluentes, que conforman llanuras frecuentemente anegadas y las zonas secas de La Guajira. Cuenta con todos los pisos térmicos y en las partes altas, donde se encuentran las áreas de páramo y nieves perpetuas, así como lagunas, a los que se ha limitado el acceso al público, según el Decreto 1076 de 2015 que actualizó las disposiciones, teniendo en cuenta las necesidades de cuidado y la fragilidad de estos lugares.

En las zonas intermedias, la Sierra cuenta con ecosistemas de bosques andinos y en las zonas bajas, de bosque seco tropical, acantilados y playas, que son consideradas verdaderos paraísos naturales por su singular belleza. Los picos más conocidos, llamados Cristóbal Colón y Simón Bolívar, alcanzan alturas de más de 5700 metros sobre el nivel del mar y varias de las demás montañas están en el rango entre 5000 y 5600 metros.

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Al interior de la Sierra también se encuentra el Parque Arqueológico Teyuna, conocido como Ciudad Perdida, cuya protección es gestionada por los pueblos indígenas y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Los municipios que tienen territorio en la sierra y que han sido favorecidos por la ampliación del área protegida son Aracataca, Ciénaga, Fundación, Dibulla y Pueblo Bello, así como las capitales departamentales de Santa Marta y Valledupar. El área total se distribuye entre veinte municipios de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

La dimensión cultural es clave en el proceso de restauración ecológica de la Sierra Nevada de Santa Marta

Los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta han tenido un papel esencial en la protección del ecosistema, pues mediante su cultura, desarrollan prácticas ancestrales que les permiten convivir armónicamente en el territorio, respetando su entorno.

En 2018 se generó una delimitación territorial dependiente de los criterios culturales ancestrales de los pueblos indígenas, considerando el área definida por las dimensiones sagrada y espiritual e incluyendo lugares terrestres y marítimos.

El área se conoce con el nombre de Línea Negra dentro de la cual se comprenden 348 lugares de carácter sagrado para estas comunidades. La cartografía correspondiente se puede consultar en el portal https://www.colombiaenmapas.gov.co/ , utilizando el tema “línea negra” y añadiendo los filtros de “territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta” y “espacios sagrados”.

De este modo, el reconocimiento del área protegida tiene una relación significativa con el respeto a los territorios sagrados de los pueblos, y cumple una función importante en las garantías a los derechos humanos, territoriales y culturales que también deben ser protegidos por las instituciones y la sociedad.

Colombia avanza como potencia mundial de la vida desarrollando la justicia ambiental

La justicia ambiental es un concepto amplio, que comprende diferentes mecanismos de protección legal y jurídica del ambiente, lo cual pasa por el reconocimiento de los ecosistemas, su adecuada delimitación y la definición de políticas suficientes que garanticen los derechos relacionados con el bienestar y la conservación de la naturaleza.

Por tanto, la dimensión jurídica se expresa en acciones políticas y sociales comprometidas con la sostenibilidad. Los actores institucionales y sociales deben acoger los preceptos de la justicia ambiental en su cotidianidad, lo que permite disminuir los conflictos ambientales y establecer una sana convivencia con la naturaleza, evitando recurrir a la decisión y sanción judicial.

En el caso específico de la identificación y delimitación de ecosistemas, de acuerdo con el Registro único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), el país cuenta con más de cincuenta millones de hectáreas de áreas protegidas, que comprenden parques nacionales naturales, parques regionales naturales, reservas naturales, reservas forestales protectoras, santuarios de fauna y flora, entre otras. Los departamentos con mayor porcentaje de área son en su orden Caquetá, Amazonas, Guaviare, Meta y Guainía.

En el gobierno del cambio, se ha dado cumplimiento al principio de justicia ambiental, tanto en la protección de los ecosistemas previamente reconocidos, como en la planificación y desarrollo de políticas para consolidar la restauración y la conservación de las áreas en las que deben priorizarse, como en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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