Por decreto, el pan, las arepas y el arroz deberán incluir vitaminas y minerales obligatorios

El Decreto 380 de 2026 establece la adición de vitaminas y minerales obligatorios a harinas de trigo, maíz y arroz para combatir deficiencias nutricionales, sin que los ciudadanos tengan que cambiar su dieta ni percibir diferencia en el sabor.
Pan, arepas y arroz deben incluir vitaminas y minerales obligatorios
Foto: Vendedora de arepas. / AFP.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 380 de 2026, que obliga a los productores de harina de trigo, harina de maíz y arroz a agregar vitaminas y minerales durante el proceso de fabricación. La medida, liderada por el Ministerio de Salud, busca reducir deficiencias nutricionales que hoy afectan a amplios sectores de la población colombiana sin que los ciudadanos tengan que modificar sus hábitos alimenticios. Productos cotidianos como el pan, las arepas y el arroz serán el vehículo de esa intervención.

Los datos que motivaron la medida son concretos: hasta el 36% de los niños preescolares en Colombia tienen deficiencia de zinc y el 44,5% de las gestantes padece anemia por falta de hierro. La cartera de salud señaló que los compuestos utilizados tienen alta absorción en el organismo y no alteran el sabor, el olor ni la apariencia de los alimentos.

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La medida podría aportar hasta el 68 % del requerimiento de zinc en gestantes

Según el análisis de impacto normativo del decreto, la medida podría aportar hasta el 68% del requerimiento de zinc en gestantes, cubrir el 84% de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40% de la vitamina B2 en adolescentes. Esos beneficios se traducirían en una reducción de enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales, así como en mejoras en el rendimiento escolar y la productividad laboral.

"El objetivo es que, sin modificar su dieta diaria, las personas reciban nutrientes claves que contribuyan a prevenir enfermedades y mejorar su bienestar", señaló el Ministerio de Salud.

El decreto moderniza una regulación de más de 30 años y se enmarca en la Ley Estatutaria de Salud y el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031. La iniciativa fue diseñada con base en metodologías internacionales para identificar alimentos de alto consumo y definir niveles seguros de fortificación, articulados con otros programas nutricionales para evitar consumos excesivos.


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