2.300 madres comunitarias ya son trabajadoras públicas del ICBF: un primer paso hacia la formalización
Por primera vez en la historia del país, 2.300 madres comunitarias fueron vinculadas formalmente como empleadas públicas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un hecho que el presidente Gustavo Petro celebró este miércoles durante el Encuentro por la Dignificación Laboral de las Madres Comunitarias, realizado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.
El dato fue presentado por la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, ante centenares de asistentes al evento. Se trata de un avance concreto derivado de la Ley de Reforma Laboral 2466 de 2025, que ordenó la incorporación de madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles a la planta de personal de la entidad, poniendo fin a décadas de trabajo informal y sin garantías laborales.
Un logro que el presidente quiere ver multiplicado
Aunque reconoció el avance, el presidente Petro fue enfático en que la cifra debe crecer con urgencia. El mandatario pidió a la directora del ICBF acelerar el proceso y trazó una meta de largo aliento: que en tres o cuatro años sean 100.000 las mujeres formalizadas. "Hemos dado un pasito. A mí me gustaría que Astrid no hubiera traído un listado de 2.300, sino de 5.000, de 10.000", afirmó ante las asistentes.
El horizonte inmediato contempla la vinculación de hasta 40.000 madres comunitarias como servidoras públicas, a quienes el presidente describió como "la fuerza vanguardia del cuidado" y "la primera línea de la vida en Colombia".
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Una deuda histórica saldada a medias
La formalización de estas trabajadoras cierra una deuda que el Estado colombiano sostuvo durante décadas con miles de mujeres de escasos recursos que cuidaron a la niñez del país sin contrato, sin prestaciones y sin seguridad social. El presidente Petro fue crítico al respecto: cuestionó que la política oficial de atención a la infancia se hubiera sostenido históricamente sobre lo que llamó trabajo "regalado y esclavo" de madres de barrios populares.
El presidente también rechazó las lecturas de algunos medios que catalogaron la contratación de estas mujeres como un exceso del gasto público antes de la Ley de Garantías. "Están contando esto que estamos haciendo aquí, en el ICBF, como si fuese malo, como si comenzar a pagarles a 2.300 de 40.000 madres fuera una bestialidad y un derroche del presupuesto nacional", respondió.
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Con este primer grupo de 2.300 mujeres vinculadas, Colombia da un paso concreto hacia el reconocimiento laboral de quienes han sostenido por años el cuidado de sus niñas y niños más vulnerables.
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