Gobierno logra respaldo de la Comisión de Concertación para mantener el incremento del 23,7 % del salario mínimo vital

Al cierre de la reunión de la Comisión de Concertación, convocada por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el aumento ya constituye un derecho adquirido. 

“Para el Gobierno, para buena parte del sector empresarial y, obviamente, para el total del movimiento sindical, el salario vital ya es un derecho adquirido por los trabajadores y estamos convencidos de que reversar un derecho adquirido es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que existe una posición mayoritaria entre empresarios y centrales obreras para mantener el incremento del 23,7 %. “La posición compartida es mantener el incremento del 23,7 % para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en el comportamiento global de la economía”, señaló.

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El funcionario indicó que el Ejecutivo acatará el auto del alto tribunal y expedirá un decreto transitorio en un plazo de ocho días, sin renunciar a los recursos legales para defender la medida. “El Gobierno defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital”, recalcó.

Contexto: El salario vital, fijado mediante los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, elevó el salario mínimo a $1.750.905 y, con el auxilio de transporte, a $2.000.000 mensuales, beneficiando a cerca de 2,4 millones de trabajadores en el país.

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El 12 de febrero de 2026 el Consejo de Estado suspendió provisionalmente ese decreto, al considerar que el aumento no estaba plenamente sustentado en los criterios legales obligatorios, como inflación y productividad, y ordenó expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días mientras se decide de fondo la legalidad de la medida. 

Tras la decisión judicial, el Gobierno anunció que acatará el fallo pero mantendrá el concepto de “salario vital” en el nuevo acto administrativo, defendiendo el incremento como una medida de protección al trabajo y de justicia social. 

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