Denuncia contra presidente Noboa por presunto tráfico de influencias en proyecto minero

El excandidato presidencial y líder ambiental indígena Yaku Pérez denunció este martes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a su esposa Lavinia Valbonesi y a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) por presunto tráfico de influencias, cohecho y conflicto de intereses, en el marco del polémico proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay.

Pérez aseguró que la compañía habría obtenido la licencia ambiental en junio de este año mediante “un fraude”, tras supuestas donaciones realizadas a la fundación de Valbonesi, destinada a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. 

El dirigente también afirmó que antes de la entrega del permiso se habrían producido en Toronto, Canadá, varias reuniones entre Noboa y representantes de DPM.

“Tanto el señor presidente Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi, y la empresa Dundee Precious Metals incurrieron en los delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho, entre otros delitos concurrentes”, declaró Pérez al presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, en Quito, en representación de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).

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Pedido a la Fiscalía y resistencia en Azuay

El líder ambiental solicitó que el Ministerio Público requiera información al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Superintendencia de Compañías, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Inclusión Económica y Socialsobre la fundación de la primera dama. Según Pérez, entregó “abundante documentación” para respaldar su acusación.

Además, anunció que el 16 de septiembre se realizará una multitudinaria marcha en defensa del agua en Cuenca, y advirtió que, si no se revoca la licencia ambiental, se convocará un levantamiento en el sur del país el 23 de septiembre.

El proyecto Loma Larga

Ubicado a 30 kilómetros de Cuenca, Loma Larga contempla una inversión estimada de 400 a 500 millones de dólares para su construcción, prevista para finales de este año. El plan minero proyecta alrededor de 500 empleos directos durante la explotación, con reservas aproximadas de 925.000 onzas de oro, además de plata y cobre.

Sin embargo, Pérez y colectivos sociales se oponen al proyecto por el riesgo de afectar al complejo de lagunas de Quimsacocha, fuente que abastece de agua al 40 % de la población de Cuenca. La empresa, en contraste, sostiene que el impacto será mínimo, limitado al 0,1 % de un curso de agua durante la fase de construcción.

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“Es nuestra obligación luchar contra la corrupción por una responsabilidad ética e intergeneracional. Defendemos el agua desde hace 30 años y no permitiremos que se explote Quimsacocha”, enfatizó el dirigente indígena.

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