Presidente Petro nombra 16 exparamilitares gestores de paz para cerrar proceso de desmovilización de 2005

Con la resolución 327 de 2025, el presidente Gustavo Petro designó a 16 exintegrantes de grupos paramilitares como gestores de paz. Esta medida se inscribe dentro de la política de Paz Total y tiene como objetivo continuar con el proceso de cierre de la desmovilización iniciada en 2005, bajo los lineamientos de la Ley de Justicia y Paz.

Entre los designados se encuentran exmiembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, como Salvatore Mancuso, Jorge Tovar Pupo (alias “Jorge 40”), Hernán Giraldo, Carlos Mario Jiménez (alias “Macaco”) y Freddy Rendón (alias “El Alemán”). Todos deberán cumplir con una serie de funciones específicas hasta el 6 de agosto de 2026.

#Paz 🕊️ | El presidente Gustavo Petro designó a 16 exparamilitares como gestores de paz, con el propósito de avanzar en el cierre del proceso de desmovilización iniciado en 2005.
💡 La medida busca garantizar la reparación a las víctimas mediante la entrega de bienes y fortalecer… pic.twitter.com/Kot9Do8gnt

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 23, 2025

De acuerdo con lo estipulado en la resolución, los gestores de paz deben presentar un plan de trabajo al Ministerio del Interior y asistir a las diligencias judiciales que se les requieran. También deberán entregar informes periódicos a ese ministerio y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

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Además, tendrán participación en el diseño de rutas y mecanismos para la difusión de la verdad. Este rol, según explicó el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, debe responder al diagnóstico que el Gobierno ha realizado sobre los avances de cada uno de estos procesos.

El ministro del interior, Armando Benedetti, afirmó que los gestores de paz tienen la responsabilidad de aportar en la reconstrucción del tejido social, contribuir con la verdad, colaborar en procesos judiciales y avanzar en acciones de reparación. Según el jefe de cartera del interior, los dos ejes principales deben ser la verdad y la reparación a las víctimas. El Gobierno aclaró que esta designación no implica modificaciones en las condiciones jurídicas ni en los regímenes de libertad de los designados.

La Ley de Justicia y Paz: ¿impunidad o justicia?

La decisión del Gobierno del presidente Petro se apoya en la Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005 como marco jurídico para la desmovilización de grupos paramilitares. Esta ley estableció beneficios judiciales para quienes contribuyeran a la verdad, la reparación y la no repetición.

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Sin embargo, a lo largo de los años, la norma ha sido objeto de cuestionamientos. Se han señalado limitaciones en la participación efectiva de las víctimas y dificultades para establecer mecanismos sólidos de seguimiento. Uno de los principales puntos de crítica ha sido la percepción de impunidad, al considerar que algunos beneficiarios no cumplieron plenamente con los requisitos establecidos, como la confesión de crímenes o la entrega total de bienes.

Pese a sus limitaciones, el proceso permitió avances importantes en la desmovilización de las estructuras armadas, la entrega de versiones libres y la apertura de rutas para la reparación. Sin embargo, muchas de las víctimas aún esperan que se cumplan los compromisos asumidos.

La importancia de los diálogos en el contexto del conflicto

La participación de excombatientes en espacios como el de gestores de paz puede contribuir a reconstruir parte de la historia del conflicto armado, establecer hechos, reconocer responsabilidades y generar condiciones para la reparación.

Garantizar la verdad, fortalecer la justicia y asegurar mecanismos efectivos de reparación son elementos centrales para avanzar en la construcción de una paz estable. La continuidad de estos procesos depende, en gran medida, de la voluntad de todas las partes y del cumplimiento de los compromisos adquiridos con la sociedad colombiana.

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