Asesinado firmante de Paz en Rosas, Cauca

El proceso de reincorporación de excombatientes del Acuerdo de Paz de 2016 sigue marcado por la violencia. Este viernes 12 de septiembre fue asesinado en el municipio de Rosas, Cauca, Raúl Javier Garzón López, firmante que habitaba la región. Indepaz informó que Garzón fue interceptado por hombres encapuchados en zona rural y atacado con disparos frente a su familia.

El crimen, ocurrido en un departamento donde confluyen economías ilegales y presencia de grupos armados como el ELN, el Bloque Occidental Jacobo Arenas y bandas locales, es un nuevo golpe a la implementación del Acuerdo de La Habana. Indepaz precisó que Garzón es el firmante número 33 asesinado en lo que va de 2025.

Riesgo en la reincorporación

El Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación emitió una alerta señalando que “volvemos a ser blanco de ataques que niegan el sentido mismo de lo pactado en La Habana”. El comunicado denunció la fragilidad de las garantías de seguridad en los territorios y advirtió que la reincorporación “está en riesgo” ante la sistematicidad de las agresiones.

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La organización reiteró que el respeto a la vida, base del Acuerdo de Paz, está siendo vulnerado, y reclamó la adopción de medidas urgentes y colectivas de protección para los firmantes, sus familias y comunidades. “No puede haber más retrocesos ni más víctimas, garantizar la vida de las y los firmantes de paz es condición indispensable para sostener la esperanza del país en la paz”, expresaron.

Violencia contra firmantes

El asesinato de Garzón López se suma a hechos violentos ocurridos esta misma semana contra otros firmantes en distintas regiones del país. En Cali, el líder de la Federación Nacional de Café, Jhon Jairo Naranjo, sobrevivió a un atentado en el que atacaron su esquema de seguridad. En Caquetá, Carlos Arturo Vargas resultó gravemente herido en el ETCR Agua Bonita, y en Putumayo, Carlos Andrés Jurado Rodríguez fue asesinado mientras adelantaba su proceso de reincorporación en La Hormiga.

Las organizaciones sociales y de firmantes advierten que la falta de medidas efectivas para proteger a quienes se mantienen en la legalidad, así como la impunidad frente a los crímenes, ponen en entredicho el cumplimiento del Estado con el Acuerdo de 2016 y debilitan la confianza de las comunidades en el proceso de paz.