En reacción a declaraciones del abogado penalista Mauricio Urquijo, el presidente Gustavo Petro reiteró este sábado que la verdadera irregularidad jurídica en torno a la consulta popular radica en el procedimiento del Senado y no en el decreto emitido por su Gobierno.
Desde su cuenta de X, el primer mandatario sostuvo que si la consulta popular se declara inválida, “se cae la base misma de la soberanía popular, base de la Constitución de 1991”. El jefe de Estado aseguró que la negativa del Senado vulneró el principio democrático con el que se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente y que ahora es desestimado por sectores políticos y algunos juristas.
“El único prevaricato cometido es el fraude contra el voto parlamentario en la plenaria el día de la votación de la consulta”, aseguró el presidente. Con esta afirmación, el mandatario denuncia que el Senado habría cerrado el proceso de votación antes del tiempo reglamentario, lo que considera una violación directa al procedimiento legislativo y a la voluntad parlamentaria.
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El jefe de Estado aprovechó para enviar un mensaje a los empresarios del país, instándolos a aceptar la justicia laboral como componente esencial de un Estado social de derecho.
“Crecen si el país está en paz”, aseguró el presidente Petro; además, reiteró su compromiso con las reformas sociales que, según dijo, lidera a riesgo de su vida y estabilidad personal. “No es por mí, no es por reelegirme, es por millones de trabajadoras y trabajadores de Colombia humildes, pero que se lo merecen”, concluyó el jefe de Estado.
Respaldo jurídico: lo que dijo el abogado Urquijo
El jurista Mauricio Urquijo, magíster en derecho penal, afirmó en entrevista con W Radio que el decreto que convoca la consulta tiene sustento legal, pues la votación en el Senado incurrió en una inconstitucionalidad al no seguir el procedimiento adecuado.
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Según Urquijo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, “prevaricó al saltarse normas básicas” para someter a votación el mecanismo de participación. “El presidente actúa como un protector de la Constitución”, afirmó el abogado y respaldó la legalidad del decreto que convoca a los ciudadanos a las urnas el próximo 7 de agosto.
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