El intento por reducir los salarios de los congresistas colombianos a un tope de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes volvió a fracasar en el Senado de la República. La iniciativa, radicada en enero de 2025 con el respaldo de 57 legisladores, fue archivada este miércoles 28 de mayo tras una serie de tácticas parlamentarias que impidieron su discusión antes del cierre del periodo legislativo.
El senador Iván Cepeda, autor del proyecto junto a la senadora María José Pizarro, denunció públicamente que una “lluvia de impedimentos” y el abandono deliberado del recinto por parte de varios congresistas sabotearon el debate. “Algunos dejaron el recinto luego de intervenir para afirmar que esta era una iniciativa ‘populista’ del gobierno”, aseguró.
HUNDIMIENTO DEL PROYECTO DE REBAJA SALARIAL PARA CONGRESISTAS
Desde hace varias semanas, con @PizarroMariaJo veníamos advirtiendo sobre la falta de tiempo para el trámite de este proyecto. Hoy, a pesar de que con una proposición logramos subirlo al primer lugar del orden de…— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 28, 2025
El proyecto fue priorizado, pero sin voluntad para votarlo
Cepeda explicó que, ante la amenaza de que el proyecto se hundiera por tiempos, él y la senadora Pizarro lograron que fuera ubicado como primer punto del orden del día mediante una proposición formal. Sin embargo, esta priorización no fue suficiente para sortear los bloqueos internos. Una parte del Senado se declaró impedida para votar y otra se retiró del recinto, lo que impidió alcanzar el quórum necesario.
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“Resultado: por tiempos nuevamente se hunde la rebaja de salarios de los congresistas. Como lo hemos dicho, los senadores a la hora de lesionar los derechos de los trabajadores son implacables, y a la hora de mantener sus privilegios son permisivos y ausentistas”, sentenció el senador Cepeda.
Un salario desconectado de la realidad social
Actualmente, un congresista colombiano devenga más de 52 millones de pesos mensuales, incluyendo salario base, gastos de representación y primas. La reforma buscaba fijar un límite razonable, equivalente a 20 salarios mínimos (unos 28 millones de pesos), con el fin de reducir la brecha de ingresos entre la clase política y la ciudadanía.
La iniciativa fue radicada en enero de 2025, con mensaje directo al país sobre la necesidad de justicia salarial en el Estado. Las senadoras María José Pizarro y Angélica Lozano habían reiterado que no se trataba de una medida simbólica, sino de una reforma estructural, que exigiría un cambio constitucional para alterar el régimen actual de remuneración legislativa.
Un Congreso que se protege a sí mismo
Esta no es la primera vez que una propuesta de rebaja salarial es hundida sin votación en el Congreso. Sin embargo, evidencia con mayor crudeza la resistencia de los legisladores a recortar sus beneficios, incluso en un momento que la opinión pública clama por austeridad y más igualdad entre los funcionarios elegidos popularmente con las y los trabajadores.
En declaraciones anteriores, la senadora Pizarro había denunciado que sectores conservadores dentro del Senado recurrieron a tácticas de “filibusterismo” y bloqueos reglamentarios para evitar que el país conociera públicamente cómo votan sus representantes frente a una reforma que afecta directamente sus bolsillos.
“La dignidad del Congreso no puede medirse en millones de pesos, sino en su capacidad de legislar con el ejemplo”, advirtió en su momento la congresista.
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El ausentismo como método para evitar el debate
Lo ocurrido el 28 de mayo reitera una tendencia: cuando se trata de votar proyectos que afectan privilegios de la élite política, el Congreso no responde. Se retiran del debate, se declaran impedidos o simplemente no asisten, como estrategia para evitar el desgaste político de votar en contra.
La denuncia de Iván Cepeda es una advertencia sobre el funcionamiento mismo del poder legislativo colombiano: la ausencia como método de sabotaje, la retórica del populismo como cortina de humo, y la defensa de privilegios como norma no escrita. El proyecto de reducción salarial vuelve a hundirse sin haber sido votado. Pero también deja en evidencia, con nombre y apellido, a quienes insisten en sostener un régimen de desigualdad disfrazado en la democracia representativa.
