Centro Democrático frenado en seco: juez niega tutela en contra del decreto de emergencia económica del Gobierno

El juez 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la tutela que interpuso la precandidata presidencial Paloma Valencia junto a otros congresistas del Centro Democrático en contra del decreto de emergencia económica del Gobierno. 

El juez argumentó que esta tutela es improcedente, puesto que se salta el control de la Corte Constitucional, que es quien tendrá la última palabra sobre el decreto de emergencia económica que será estudiado a partir del próximo martes 13 de enero, cuando finalice la vacancia judicial.  

Cabe mencionar que los congresistas que impulsaron esta tutela fueron Paloma Valencia, Gabriel Vallejo, Alain David Bustos, Carlos Edward Osorio y Elkin Darío Meriño.

🚨#Atención | El juez 27 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá negó por improcedente la acción de tutela que habían interpuesto Paloma Valencia y otros congresistas del Centro Democrático en contra del decreto que declara la emergencia económica.
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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 9, 2026

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Estudio del decreto de emergencia económica 

La Corte Constitucional dio a conocer cuando comenzará a estudiar el decreto de emergencia presentado por el Gobierno Nacional por 30 días. El decreto sustenta la medida en el faltante de $16,3 billones y en presiones simultáneas sobre salud, subsidios y obligaciones del Estado.

Esto significa que en caso de aprobarse y ejecutarse el decreto de Emergencia Económica y Social tendrán 30 días para que la rama ejecutiva y legislativo para realizar operaciones encaminadas a lograr un equilibrio y completar los fondos destinados para el Presupuesto General de la Nación en el 2026.

El decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 busca recaudar fondos para evitar una peor deuda fiscal, además de: 

1- Obligatoriedad de cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud.

2- Garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público, y protección por agravamiento del riesgo por atentados a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones.

3- No aprobación por parte del Congreso de la República de dos proyectos sucesivos de Ley de Financiamiento para las vigencias fiscales 2025 ($12 billones) y 2026 ($16,3 billones).

4- Desastres naturales causados por la actual ola invernal.

5- Sentencias judiciales pendientes de pago.

6- Obligaciones atrasadas de origen legal (subsidios de servicios públicos, eléctricos y combustible).

7- Agotamiento de las alternativas de endeudamiento (Regla Fiscal) y cláusulas derivadas de las medidas unilaterales del Gobierno de ​los Estados Unidos.

8- Restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.

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