Amenazas de muerte contra el Pacto Histórico en Norte de Santander

El Pacto Histórico denunció que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) dieron un plazo de 48 horas al senador electo Martín Carabalí, candidatos a la Cámara en Norte de Santander y otros líderes para abandonar el territorio bajo amenaza de muerte.
Pacto Histórico denuncia amenazas de las Autodefensas contra sus lideres en Norte de Santander
Foto: Pacifista. Amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a lideres del Pacto Histórico en Norte de Santander

El Pacto Histórico, a través de su cuenta oficial en la red social X, denunció amenazas de muerte proferidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) contra el senador electo Martín Carabalí, así como contra varios candidatos a la Cámara de Representantes de Norte de Santander y sus equipos de campaña. La colectividad expresó un rechazo contundente ante estas intimidaciones y exigió al Gobierno nacional garantías de protección inmediata para el libre ejercicio de su actividad política.

 

 

Amenazas de muerte contra lideres en Norte de Santander 

 

Las intimidaciones se han extendido no solo al senador electo y a los aspirantes a la Cámara, sino también a destacados miembros de la Unión Patriótica. La amenaza, que incluye una orden de abandonar el territorio en un plazo de 48 horas o de lo contrario serán asesinados, fue dirigida específicamente contra:
 

  • Martín Carabalí (Senador electo)

  • Jaime Gómez (Candidato a la Cámara)

  • Liliana Barragán (Candidata a la Cámara)

  • Laura Amaya (Candidata a la Cámara)

  • Luis Alberto García (Candidato a la Cámara)

  • Andrés Obando (Candidato a la Cámara)

  • Rafael Romero (Presidente de la Unión Patriótica y copresidente del Pacto Histórico)

  • Manuel Hernández (Gerente de campaña)


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Llamado a la defensa de la vida y la garantía del ejercicio político
 

Los líderes solicitan a las autoridades nacionales, a la Gobernación de Norte de Santander, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y demás instancias —así como a la Defensoría del Pueblo, organizaciones defensoras de derechos humanos y la Misión de Observación Electoral— protección inmediata y la garantía de su derecho a la vida.
 


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