En un nuevo pronunciamiento desde su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con la soberanía popular y lanzó una advertencia al Congreso por las modificaciones introducidas en la reforma laboral. El mandatario pidió al Senado de la República no aprobar normas que, según él, representan una regresión histórica en los derechos laborales.
En un nuevo pronunciamiento desde su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con la soberanía popular y lanzó una advertencia al Congreso por las modificaciones introducidas en la reforma laboral. El mandatario pidió al Senado de la República no aprobar normas que, según él, representan una regresión histórica en los derechos laborales.
“El presidente de Colombia acatará lo que decida el pueblo de Colombia”, afirmó, en referencia a la consulta popular que su gobierno ha propuesto como alternativa en caso de que el Congreso no apruebe una legislación progresista en materia laboral.
A los juristas hombres y mujeres de Colombia y a la ciudadanía les entrego este mensaje central del decreto de Cesar Gaviria sobre la convocatoria a Asamble Nacional Constituyente que aceptó la corte Suprema de Justicia en su sala contitucional en 1990 en sus sentencia 138 de…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 12, 2025
“Ni la Constitución del 91 ni mi mandato ordenan un régimen neoesclavista”
El jefe de Estado expresó su rechazo a los cambios introducidos por sectores del Congreso en el texto de la reforma laboral, los cuales han sido duramente cuestionados por sindicatos y organizaciones sociales por eliminar avances clave en materia de estabilidad, jornada, negociación colectiva y regulación de plataformas digitales.
“Al Senado de la República le solicito no votar en la reforma laboral la construcción de un neoesclavismo en el país con las normas que actualmente están discutiendo”, escribió el mandatario. “Ni la Constitución del 91, ni mi mandato popular, ni el mandato popular que tienen, ordenan la construcción de un régimen neoesclavista”, subrayó.
Estas afirmaciones coinciden con las denuncias expresadas por las centrales obreras CUT y CGT, que han calificado la ponencia aprobada en Comisión Séptima del Senado como un “retroceso inaceptable” y un intento por “blindar jurídicamente la precariedad laboral”.
El precedente de 1990: cuando el constituyente originario primó
A quienes han calificado como “decretazo” el anuncio del Gobierno de convocar una consulta popular, el presidente respondió citando como sustento jurídico el precedente que permitió la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
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Petro compartió apartes de la sentencia 138 de 1990, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró constitucional el Decreto 1926 de 1990, expedido por el entonces presidente César Gaviria para habilitar la participación popular directa. Según recordó el mandatario, esa decisión marcó un hito al reconocer la soberanía popular como fuente legítima del poder constituyente.
Entre los puntos que destacó se encuentran los siguientes:
- Reafirma la soberanía popular como fuente directa del poder constituyente.
- Reconoce que el constituyente primario no puede ser subordinado al poder constituido.
- Valida la expresión política del pueblo como acto con valor jurídico en contextos de transición.
- Destaca la primacía del principio democrático en contextos de crisis.
Concluye que la jerarquía del constituyente originario está por encima de los procedimientos ordinarios de reforma, y que cualquier intento de someter esa voluntad a filtros institucionales contradice los fundamentos de la democracia constitucional.
Consulta popular y reforma laboral: el pulso continúa
El mensaje presidencial se produce en medio del trámite de una reforma laboral cuya ponencia en el Senado ha sido desnaturalizada respecto al proyecto radicado por el Gobierno. Además, llega justo después de que el Ejecutivo expidió el decreto para convocar una consulta popular, tras el hundimiento irregular de la anterior iniciativa en la plenaria del Senado el pasado 14 de mayo.
El Gobierno considera que la ciudadanía tiene el derecho a decidir sobre sus condiciones laborales, y que la vía de la consulta representa una herramienta legítima para superar los bloqueos legislativos que impiden el avance de reformas sociales.
El presidente Gustavo Petro ha defendido que la voluntad popular expresada mediante mecanismos de participación directa no puede ser anulada por intereses corporativos o maniobras parlamentarias, y ha reiterado que la consulta es un camino jurídico y democrático que ya ha sido validado por la historia constitucional del país.
