Presidente Petro reitera que en su gobierno "no hubo cupos indicativos" luego de la orden de captura de dos congresistas por el caso de la UNGRD

El presidente Gustavo Petro respondió este jueves a las críticas surgidas tras la orden de captura proferida por la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas David Manzur (senador) y Karen Manrique (representante a la Cámara), por presuntos vínculos con esquemas de corrupción en contratación pública. 

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente rechazó que los hechos sean catalogados como "el escándalo de corrupción más grande de la historia" y defendió su gestión frente al manejo de los llamados cupos indicativos.

"Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia se da alrededor de la captura del senador Wadith Manzur. ¡Qué barbaridad!", escribió el mandatario, arremetiendo contra el periodista Néstor Morales, de Blu Radio, a quien acusó de "calumniar al gobierno". Según Petro, lo ocurrido con Manzur se limitaría al intento de configurar cuatro cupos de contratación, sin que se hayan ejecutado contratos, y no guardaría proporción con escándalos previos de mayor envergadura.

Escucho a Néstor Morales, hacía mucho no lo hacía, de nuevo calumniando al gobierno.

Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia, se da alrededor de la captura del senador Wadith Manzur.
¡Que barbaridad!

Si acaso se puede hablar del intento de configurar cuatro…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 12, 2026

El origen de los cupos indicativos: una denuncia del propio Petro

En su comunicado, el presidente recordó que fue él quien, como congresista, destapó públicamente el sistema de cupos indicativos durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Según relató, al revisar un computador del Departamento de Investigación y Desarrollo Rural (DRI) encontró códigos secretos que vinculaban a más de cien congresistas con cupos de contratación que habrían sumado cerca de 250.000 millones de pesos de la época, ya ejecutados, recursos que, según el entonces legislador, servían para garantizar mayorías parlamentarias.

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"A pesar de mi denuncia, la Corte Suprema de entonces no inició ninguna investigación, y la práctica se mantuvo en todos los gobiernos que siguieron, como lo confirmó Germán Vargas Lleras", señaló Petro, en alusión a las declaraciones del exvicepresidente que en su momento reconoció el uso de esos mecanismos.

Prohibición desde el primer Consejo de Ministros

El jefe de Estado afirmó que, desde la primera reunión de su Consejo de Ministros, instruyó a su gabinete sobre el funcionamiento y los riesgos de los cupos indicativos, anticipándose a las presiones que ejercerían congresistas acostumbrados a esa práctica. "Prohibí otorgarlos en cualquier lugar de la administración", insistió.

En este contexto, hizo referencia al caso de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuya salida del cargo se produjo luego de que se descubriera un intento de asignación de recursos a favor de maquinarias clientelistas del departamento de Santander, vinculadas a la familia Aguilar. "Lo saqué de manera inmediata y ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó", sostuvo Petro, subrayando que la actuación oportuna de su gobierno impidió que cualquier contrato llegara a materializarse.

La captura de Manzur y Manrique: el trasfondo judicial

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los dos congresistas en el marco de investigaciones por posibles irregularidades en contratación pública. El alto tribunal indaga si Manzur y Manrique intentaron direccionar recursos estatales a través de proyectos presentados ante entidades del gobierno nacional, en lo que organismos de control han calificado como una reactivación de la práctica de los cupos indicativos.

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El presidente cerró su mensaje con una declaración de principios: "Este es un gobierno que no se pone al servicio de los corruptos sino al servicio del pueblo". La controversia, sin embargo, pone en el centro del debate político la capacidad del ejecutivo para romper con las redes de clientelismo que históricamente han permeado las relaciones entre el Congreso y el gobierno en Colombia.

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