Panorama del riesgo electoral 2026 según la Defensoría del Pueblo

Cifras críticas, como las 457 amenazas de muerte documentadas y el 58% de desatención a las recomendaciones de la ATE (Alerta Temprana Electoral) 013 de 2025, evidencian una preocupante brecha en la respuesta institucional. Con un cumplimiento general de apenas el 42% y un incremento sostenido en los municipios bajo alerta inmediata, urgente y prioritaria, resulta imperativo que el Estado intervenga de manera efectiva antes de los comicios de 2026.

La entidad señala que son 457 casos de amenaza de muerte contra lideresas y lideres sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos (mujeres y hombres) en el contexto preelectoral.

La preocupación central: la libertad para votar 

Los datos clave como 457 amenazas de muerte documentadas, un 42% del cumplimiento general a las recomendaciones, un incremento en municipios con llamados a acción inmediata, urgente y prioritaria y un 58% de desatención a las recomendaciones de la ATE 013 de 2025 resaltan la necesidad de intervención del estado previo a las fechas electorales de 2026. 

Recomendaciones del informe de octubre de 2025:

-Un llamado a la acción inmediata para 62 municipios a nivel nacional, pero el Informe de Seguimiento  evidencia un aumento de 7 municipios: 69. 
-Un llamado a la acción urgente para 162 municipios, el IS refleja un aumento de 6 municipios: 168.
-Un llamado a la acción prioritaria para 425 municipios, en el IS aumentó este llamado 8 municipios: 433.
-Un llamado a la observación permanente para 216 municipios; no obstante, en el IS se observa una disminución de 21 municipios: 195.
-En la ATE fue hecho un llamado a la acción ordinaria para 257 municipios; sin embargo, el IS da cuenta de que se mantuvo en el mismo número de municipios.
 

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En concordancia, la principal preocupación radica en la coacción electoral, manifestada mediante amenazas, restricciones a la movilidad y la imposición de "normas de conducta" que distorsionan la libertad del elector. 

Estas acciones son ejecutadas por grupos armados como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el ELN y las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia).

A este escenario se suma la injerencia del grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el autodenominado Frente 57 y diversas estructuras de criminalidad organizada.

Estos fenómenos impactan con especial fuerza en las siguientes regiones:

Caribe: Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, San Andrés y Providencia.

Noroccidente: Antioquia, Córdoba y Chocó.

Suroccidente: Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Finalmente, el informe advierte sobre una gravedad excepcional en el nivel de amenazas en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena, donde el riesgo para el ejercicio democrático es crítico.
 

Poblaciones en riesgo

Según el informe las poblaciones en riesgo son 

-Candidatos presidenciales y al Congreso.
-Aspirantes a Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).
-Mujeres candidatas (violencia de género político).
-Firmantes del acuerdo de paz.
-Líderes sociales y Juntas de Acción Comunal.
-Periodistas.
-Servidores públicos en zonas de influencia armada.

Nuevas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo 
 

La Defensoría del Pueblo exige al Ministerio del Interior ejercer un liderazgo contundente en la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el fin de asegurar un manejo integral de este órgano y garantizar la libertad de los electores.

Asimismo, solicita que las comisiones de seguimiento electoral operen de manera efectiva y que se implementen programas de capacitación para los entes territoriales sobre sus responsabilidades específicas en materia de protección.

En cuanto a la seguridad, se insta al Ministerio de Defensa a desplegar una estrategia integral que asegure el traslado del material electoral y la custodia de los puestos de votación, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Por su parte, se solicita a la Fiscalía General de la Nación fortalecer las labores de investigación y judicialización contra quienes coaccionen al votante, mediante la activación de centros de mando 24/7 y la asignación de fiscales en municipios con niveles de riesgo alto.

Finalmente, la Defensoría insta a la Procuraduría General de la Nación a vigilar el estricto cumplimiento de estas recomendaciones y a iniciar las acciones disciplinarias pertinentes contra los funcionarios que omitan actuar frente a las amenazas documentadas.

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