La Jurisdicción Especial para la Paz determinó la responsabilidad penal de altos mandos militares retirados en el genocidio del partido político, que dejó al menos 8.924 víctimas entre 1984 y 2007.
Los cuerpos fueron hallados en aguas del Caribe colombiano, según comunidades indígenas que señalan una posible vinculación con operaciones militares estadounidenses en la región.
La Agencia Nacional de Minería rechazó la cuarta solicitud de extensión presentada por Minera de Cobre Quebradona, sumando ya nueve años de prórrogas solicitadas para el polémico título minero en el suroeste antioqueño.