Fiscalía suspendió las órdenes de captura de 23 voceros de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá para facilitar espacios de negociación

Según la Fiscalía, la medida vigente por 6 meses busca generar condiciones jurídicas para que los voceros continúen participando en los espacios de conversación y trabajando en la construcción de un Acuerdo Condicionado de Paz Urbana.
Fiscalía suspendió capturas de 23 voceros de grupos criminales.
Foto: Fiscal Luz Adriana Camargo. / Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura de 23 personas reconocidas por el gobierno nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. La decisión, formalizada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo, responde a una solicitud presentada el 24 de febrero por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y tiene una vigencia inicial de seis meses.

El objetivo es crear las condiciones para que esos voceros puedan participar en los Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el gobierno nacional, un mecanismo orientado a explorar el proceso de sujeción a la justicia de los grupos que representan. La decisión se respalda en la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015.

"Reconocemos y valoramos todos los aportes de las instituciones que contribuyan a avanzar en este propósito, que hoy resulta urgente para la vida y la tranquilidad de las comunidades de Medellín y el Valle de Aburrá", declaró la Consejería Comisionada de Paz en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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Lo que no cambia

La Fiscalía fue explícita en los límites de la medida. La suspensión de órdenes de captura no implica ni contempla la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales. Tampoco excluye la captura en flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

La medida tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, zonas donde se realizarán los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso.


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