Reacciones a la suspensión provisional de la emergencia económica

Este jueves, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto Legislativo 1390 de 2025, expedido por el Gobierno nacional tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento. La decisión, contenida en el Auto 082 de 2026, dejó en pausa la declaratoria de emergencia económica mientras el alto tribunal se pronuncia sobre su constitucionalidad.

Desde el Ejecutivo y diversos sectores, la medida fue interpretada como un factor que aumenta la incertidumbre fiscal, al frenar, por ahora, instrumentos con los que se buscaba asegurar recursos para atender obligaciones del Estado y contener presiones sobre la deuda pública.

Comprometen el pago de la deuda pública

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la suspensión al afirmar que la emergencia no respondía únicamente a un déficit fiscal, sino también a un “déficit de riesgo” que comprometería el pago de la deuda pública y la seguridad social. En su mensaje, insistió en que el debate central es quién asume el costo de la crisis, y sostuvo que la decisión podría trasladar el impacto a la población más vulnerable.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, sostuvo que la suspensión sienta un precedente negativo y cuestionó el uso de la figura de la suspensión provisional en este caso. En su declaración, planteó que la decisión desdibuja elementos del Estado constitucional y social de derecho y reiteró su postura a favor de una convocatoria constituyente.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo una lectura jurídica sobre el alcance de la suspensión. Señaló que la medida interrumpe temporalmente la habilitación excepcional prevista en el artículo 215 de la Constitución, por lo que el Ejecutivo no podría expedir nuevos decretos legislativos mientras esté en pausa el decreto declaratorio. Sin embargo, indicó que la suspensión no implica automáticamente la eliminación de los decretos ya expedidos durante el periodo en que la declaratoria produjo efectos formales, los cuales —según su interpretación— continuarían vigentes hasta que exista una decisión específica que los suspenda o los declare inexequibles.

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En el Congreso, la senadora Aída Avella calificó la medida como un “error fundamental” y sostuvo que contradice los fines esenciales del Estado consignados en la Constitución de 1991. A su juicio, la decisión afecta el Estado social de derecho y deja con menor protección a la población de menos recursos.

En la misma línea, el representante Wilson Arias afirmó que la Corte estaría apartándose de una línea jurisprudencial histórica sobre estados de excepción y sostuvo que la determinación tiene un trasfondo político. El representante Heráclito Landínez, por su parte, advirtió que la suspensión provisional de un decreto legislativo en el marco de una emergencia económica sería un hecho inédito y alertó sobre posibles efectos en el equilibrio presupuestal y, en particular, en la inversión pública social.

La senadora Sandra Ramírez, por su parte, sostuvo que la decisión beneficia a grandes intereses económicos y afecta a los sectores populares. En el mismo sentido se pronunciaron el director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla; el representante Alejandro Toro, y el dirigente Gustavo Bolívar, quienes criticaron la suspensión y la leyeron como un revés para medidas orientadas a financiar programas e inversión social.

La CUT también rechaza la decisión

Desde el movimiento sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, rechazó la suspensión y la calificó como un “mal mensaje para la institucionalidad”. Señaló que el Gobierno ha enfrentado dificultades para garantizar recursos presupuestales y sostuvo que la decisión complica la gestión fiscal en un contexto de estrechez financiera.

Con la suspensión provisional en firme, el debate se traslada ahora al pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la emergencia. Mientras tanto, la percepción sobre la Corte Constitucional, por lo menos entre sectores afines al Gobierno, ha resultado muy negativa. Muchas voces se atreven incluso a afirmar que hay una cooptación de la justicia por parte de la politiquería. Los magistrados se tomarán su tiempo y, como lo ha afirmado siempre el presidente Petro, su gobierno respeta las decisiones judiciales.

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